Moverse por Cuba es cada día más caro, más difícil y más desesperante. Y ahora, como si hiciera falta otro golpe al bolsillo, el Gobierno anunció que a partir del 20 de enero de 2026 se duplicará el peaje en la Vía Blanca Matanzas–Varadero, uno de los accesos más importantes al principal polo turístico del país. La medida llega en medio de una crisis brutal del transporte y cuando la mayoría de los cubanos apenas logra estirar el salario hasta fin de mes.
El aumento del peaje forma parte de un paquete de ajustes tributarios aprobados para el nuevo año y ha sido presentado oficialmente como una “adecuación gradual”. En la práctica, significa pagar el doble para circular por una carretera clave, utilizada tanto por trabajadores como por transportistas privados, ómnibus, taxis y vehículos que abastecen a Varadero.
Según las autoridades, esta subida se ampara en la Ley 113 del Sistema Tributario y busca reforzar la captación de ingresos del Estado en un contexto marcado por la crisis económica, el deterioro de las carreteras y la falta crónica de transporte público. El discurso oficial insiste en que las nuevas tarifas están pensadas en función de la “capacidad contributiva” de los usuarios, aunque, como ya es costumbre, no se han presentado estudios públicos que expliquen cómo se llegó a esa conclusión.
Eso sí, el Gobierno se apresuró en aclarar que se mantendrán las exenciones y bonificaciones actuales. Los residentes de comunidades cercanas al tramo, como La Conchita, Boca de Camarioca, Santa Marta y Varadero, seguirán contando con una reducción del 70 % en el pago del peaje. Un alivio parcial que deja fuera a miles de trabajadores que usan la vía a diario pero no residen oficialmente en esas localidades.
También se conservarán los descuentos por pagos anticipados. Quienes adelanten entre 100 y 500 unidades monetarias recibirán un 5 % de rebaja, mientras que los que superen esa cifra obtendrán un 10 %. Según las autoridades, este sistema ayuda a garantizar una recaudación más estable y previsible. Para muchos cubanos, sin embargo, pagar por adelantado es un lujo que simplemente no pueden permitirse.
El Estado asegura que todo el dinero recaudado con el aumento del peaje irá a parar al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, con el objetivo de reparar carreteras y mejorar gradualmente los servicios de transportación. Pero estas promesas suenan a déjà vu. La población lleva años escuchando anuncios similares mientras las carreteras siguen llenas de baches, los ómnibus desaparecen y el combustible escasea.
El momento elegido para el incremento no podría ser más sensible. Cuba vive entre apagones, inflación descontrolada y salarios que no alcanzan, mientras el turismo sigue recibiendo atención prioritaria. En la práctica, este peaje más caro termina trasladando nuevos costos a transportistas privados, choferes y trabajadores que dependen de la ruta hacia Varadero para sobrevivir.
Aunque el Gobierno intenta vender la medida como un ajuste técnico necesario, para muchos cubanos no es más que otra carga económica que se suma a una realidad cada vez más asfixiante. Y lo más preocupante no es solo pagar más, sino la sensación generalizada de que, una vez más, no hay garantías de que ese dinero se traduzca en mejoras reales para quienes usan la carretera todos los días.
