El Gobierno cubano salió a apagar el fuego en las últimas horas tras la circulación en redes sociales de rumores sobre un supuesto aumento del precio del pasaporte para los cubanos que viven fuera de la Isla. La respuesta oficial fue rápida y, en lo estrictamente técnico, correcta. Las tarifas no han cambiado.
El Ministerio de Justicia mantiene los precios vigentes desde 2022. Obtener un pasaporte cubano desde el exterior sigue costando 5.625 pesos cubanos, equivalentes a 234 dólares, mientras que la prórroga permanece en 2.000 pesos cubanos, unos 83 dólares. Nada nuevo bajo el sol… al menos en el papel.
La aclaración llegó de la mano de Ana Teresita González, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, quien aseguró en X que “no se ha aprobado ninguna modificación en las tarifas vigentes”. Dicho de otra manera: el golpe no es nuevo, es el mismo de siempre.
Sin embargo, el detalle importante no está en el precio, sino en el discurso oficial que ahora se quita la careta.
La recién publicada Resolución 486/2025 del Ministerio de Justicia, aparecida en la Gaceta Oficial, introduce un cambio clave. Por primera vez, el propio texto legal reconoce sin rodeos que el esquema de cobros tiene como objetivo “captar ingresos en moneda extranjera”. Algo que antes se hacía, pero no se decía tan claramente.
En la práctica, los emigrados cubanos ya pagaban estos trámites en divisas desde hace años, a través de consulados y bufetes. La novedad no está en el bolsillo, sino en la confesión. El régimen deja de fingir que el pasaporte es solo un documento administrativo y lo asume abiertamente como una herramienta de recaudación.
El punto más revelador aparece en uno de los fundamentos legales de la resolución, donde el Ministerio admite que, tras estudiar la experiencia previa, decidió ajustar el esquema para captar dólares y flexibilizar las vías de cobro de documentos que surten efecto dentro y fuera del país. Blanco y en botella.
Ese lenguaje no existía en la Resolución 171/2022, que se escudaba en reorganizaciones técnicas y mejoras del servicio. Hoy, con la economía en terapia intensiva, el Estado ya no disimula.
Los propios consulados cubanos lo confirman día a día. En cada país se cobra en moneda extranjera, con reglas específicas, pagos en efectivo y exigencias que rozan lo absurdo. El mensaje es claro: pagas en divisa o no hay documento.
La Resolución 486/2025 refuerza además el cobro en dólares u otras monedas convertibles y consolida a consulados y bufetes como recaudadores oficiales fuera del país, en un momento en que el régimen depende cada vez más del dinero que envían los que un día empujó a emigrar.
Todo esto ocurre en medio de una crisis económica brutal, con escasez de divisas, apagones, inflación descontrolada y un Estado sin liquidez. En ese escenario, el emigrado vuelve a ser la vaca a ordeñar.
Así, mientras el Gobierno se esfuerza en desmentir una subida que no ocurrió, el documento oficial deja algo mucho más claro: el pasaporte cubano no es solo un derecho, es un negocio. Y los cubanos en el exterior siguen ocupando un lugar central en la estrategia financiera de un régimen que sobrevive, cada vez más, gracias al dinero de los que expulsó.
