La comunidad de Gua, en Cienaguilla, municipio de Campechuela, amaneció marcada por el horror. En la noche del 7 de enero fueron asesinados en su propia casa Darmis Ismarai “Gulli” Figueredo Rodríguez, de 38 años, y su pareja, de 43. Un crimen brutal que deja una estela de dolor y cuatro niños huérfanos, dos de cada víctima.
Según denunciaron organizaciones feministas cubanas en redes sociales, el presunto agresor sería la expareja de Darmis, un hombre que ya había sido señalado por violencia previa. Ella había denunciado. El Estado sabía. La Policía no actuó. El resultado está ahí, irreversible.
Denunciar no bastó
El Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el doble asesinato con fuentes comunitarias y medios locales. Ambas organizaciones volvieron a exigir lo que el régimen sigue postergando: prevención real, protección efectiva y voluntad política.
Hasta el 13 de enero, estos colectivos ya contabilizaban dos feminicidios en lo que va de 2026, además de un intento de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género. Y mientras tanto, continúan investigando más de una decena de casos ocurridos en 2025 que el Estado prefiere no nombrar.
Un año que empezó con sangre
El 2026 apenas había comenzado cuando la violencia machista volvió a golpear. El 6 de enero, en Jatibonico, Sancti Spíritus, fue asesinada Magaly Aragón Aragón, enfermera de 59 años. Su cuerpo apareció en un cañaveral cercano al campamento penitenciario Las Mulas, donde trabajaba.
El crimen incluyó violencia sexual y terminó en asesinato. El agresor, Yoel Soriano Santana, cumplía una larga condena por homicidio y se encontraba bajo custodia del sistema penitenciario. Confesó. Magaly dejó dos hijos adultos. El Estado volvió a fallar, incluso dentro de sus propias instalaciones.
La violencia como norma
Estos casos no son hechos aislados. En 2025 se registraron al menos 48 feminicidios en Cuba, todo esto sin estadísticas oficiales, sin una ley integral contra la violencia de género y sin que el feminicidio esté tipificado como delito autónomo.
El Código Penal menciona el problema, pero no protege a las víctimas. No hay refugios. No hay protocolos efectivos. No hay respuesta inmediata. Hay silencio, burocracia y negligencia.
En Granma, una mujer denunció y nadie la protegió. En Sancti Spíritus, una trabajadora estatal fue asesinada dentro de un entorno bajo control del propio sistema. Dos escenarios distintos, el mismo fracaso institucional.
