El Ministerio de Finanzas y Precios salió este miércoles a apagar el incendio que él mismo ayudó a provocar, desmintiendo los rumores sobre el supuesto fin del beneficio aduanal que permite importar sin impuestos alimentos, productos de aseo e insumos médicos. La aclaración llegó tarde, como casi todo, después de que el miedo ya estuviera rodando por las redes.
Las versiones que circularon daban por terminada la exención a partir del 1 de febrero, una fecha que hizo sudar frío a miles de familias que dependen de los envíos desde el exterior para sobrevivir en medio de la escasez. Ante el revuelo, el MFP publicó un mensaje en Facebook, luego amplificado por Cubadebate, asegurando que la medida sigue vigente hasta el 31 de enero de 2026.
El ministerio afirmó que “no se ha adoptado ninguna decisión” para cambiar el tratamiento tributario excepcional actual y prometió que cualquier modificación será informada por los canales oficiales. El problema es que esa promesa ya no tranquiliza a nadie, porque el mismo comunicado evita decir lo que todo el mundo quiere saber: si la exención se prorrogará o no.
El silencio sobre el futuro del beneficio mantiene en vilo a una población que sigue enfrentando falta de medicinas, anaqueles vacíos y precios abusivos. No se trata de un lujo, sino de una tabla de salvación que el propio Estado reconoce como necesaria, aunque se resista a decirlo claramente.
Este beneficio, creado durante la pandemia y extendido una y otra vez por la crisis de abastecimiento, permite la entrada sin aranceles de alimentos, medicamentos y artículos de higiene enviados por familiares o traídos por viajeros, siempre que no tengan fines comerciales. En la práctica, es el parche que tapa el fracaso del sistema de distribución estatal.
El MFP insiste en que su objetivo es “facilitar el acceso de la población a bienes esenciales” en medio de un contexto económico adverso. Pero la realidad es que ese contexto no es adverso por casualidad, sino consecuencia directa de años de mala gestión, improvisación y falta de reformas reales.
El desmentido responde a informaciones publicadas por medios no oficiales que alertaban sobre el posible cierre de la exención en febrero de 2026. De haberse confirmado, la medida habría disparado los costos de los envíos familiares y los equipajes, golpeando de lleno a los hogares más vulnerables.
Aunque el Gobierno asegura que no hay cambios inmediatos, la preocupación sigue ahí. Para muchos cubanos, las importaciones personales son la única vía para comer, curarse y asearse con dignidad. Cada rumor se convierte en angustia porque la experiencia enseña que, cuando el régimen calla demasiado, algo viene.
La escasez persistente, los precios internos por las nubes y la comunicación opaca del Estado alimentan el escepticismo. En Cuba, incluso cuando el Gobierno “desmiente”, nadie baja la guardia, porque la historia ha demostrado que las certezas oficiales suelen tener fecha de vencimiento… y nunca avisan con tiempo.
