El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara volvió a dejar claro cómo funciona la justicia en Cuba: seis ciudadanos fueron condenados por protestar pacíficamente contra los apagones, uno de los dramas diarios que asfixian al país. Las penas van desde tres hasta ocho años de prisión, una respuesta desmedida que confirma que, para el régimen, reclamar derechos básicos es un crimen.
La sentencia, correspondiente a la causa 82 de 2025, acusa a los manifestantes de “desórdenes públicos” y de intentar “desestabilizar el orden cívico”, un lenguaje clásico de manual represivo. El “delito” ocurrió el 7 de noviembre de 2024, en el municipio de Encrucijada, cuando un grupo de vecinos se plantó frente a las sedes del Partido Comunista y del gobierno local para exigir electricidad.
No hubo violencia, no hubo insultos, no hubo destrozos. Solo gritos de “¡Queremos corriente!” y ruidos con objetos metálicos, la forma más básica y desesperada de hacerse escuchar en un país donde nadie responde. Aun así, el tribunal consideró que la protesta era peligrosa porque atrajo a más personas, llegando a unas 300, y porque incomodó al tránsito y a las autoridades. En Cuba, molestar al poder es razón suficiente para ir preso.
Entre los condenados se encuentra el periodista José Gabriel Barrenechea, sentenciado a seis años de prisión. Su caso es especialmente cruel: estuvo en prisión provisional y no pudo ver a su madre gravemente enferma hasta después de su muerte. Un castigo que va más allá de lo judicial y entra de lleno en la venganza política.
Los otros acusados recibieron sanciones igualmente duras, pese a que ninguno tenía antecedentes penales y sus edades oscilan entre los 26 y los 53 años. La sentencia aún no es firme y las defensas apelaron, aunque en Cuba esa palabra suele ser más simbólica que real: todos los abogados pertenecen a bufetes estatales, lo que hace imposible una defensa verdaderamente independiente.
Todo esto ocurre en medio de una crisis energética crónica, con apagones que alcanzan hasta 20 horas diarias en amplias zonas del país. Para este mismo 17 de enero, la Unión Eléctrica pronosticó un déficit de 1.870 MW, con varias unidades fuera de servicio y más de mil megawatts afectados por falta de combustible e insumos. El problema no es nuevo, ni coyuntural, ni accidental: es estructural.
La respuesta del régimen no ha sido solucionar el desastre, sino criminalizar el malestar social. En lugar de dar corriente, dan condenas. En lugar de explicaciones, dan cárcel. Protestar por vivir en la oscuridad se paga con años tras las rejas.
Este caso en Villa Clara no es una excepción, es una advertencia. Un mensaje claro para todo el país: en Cuba no se puede protestar ni siquiera por la luz, porque el problema nunca es el apagón, sino el ciudadano que se atreve a decir basta.
