La noticia llegó como bomba en redes y medios: un ciudadano cubano vinculado a la pandilla Bloods fue deportado de Estados Unidos tras ser condenado por múltiples asesinatos. La información fue difundida por fuentes oficiales que no detallaron exactamente a qué país lo enviaron después de su salida de territorio estadounidense.
La noticia se enmarca en un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que destacó el arresto de 7,000 pandilleros durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, un “hito” que coincidió con el 20 de enero, fecha simbólica para la administración.
Entre ese numeroso grupo de detenidos figuró Raúl Maceda Domínguez, un cubano identificado por las autoridades como inmigrante ilegal en EE.UU., miembro de los Bloods, una de las pandillas más conocidas por su violencia desde que surgió en Los Ángeles en 1972. Las autoridades señalaron que Maceda tenía antecedentes penales por múltiples homicidios y robo.
Según el comunicado, ICE lo arrestó el 27 de octubre de 2025 y posteriormente lo expulsó el 6 de enero de 2026, aunque no especificaron dónde fue trasladado finalmente.
Lo interesante (o complicado) del caso es que es poco probable que Maceda haya sido deportado directamente a Cuba. El régimen de La Habana suele rechazar el recibimiento de nacionales con antecedentes penales en EE.UU. que hayan salido antes de los acuerdos migratorios de 2017.
Ante esa negativa, existen dos escenarios: podría haber sido enviado a la Base Naval de Guantánamo, donde la administración Trump retomó el envío de migrantes cubanos en diciembre pasado, o hubiera sido reubicado en un tercer país, algo que el gobierno federal estadounidense ha venido utilizando cuando la repatriación directa se complica.
Pero, ¿qué hizo exactamente Maceda para acabar en esta situación? Su historial es largo y violento. Su primer arresto ocurrió en enero de 2005, tras una balacera en una fiesta de quince años en Florida, donde dos adolescentes murieron y otro resultó herido, según reportes de NBC News. Tenía apenas 21 años cuando fue acusado de homicidio en primer grado y posesión de armas de fuego.
Años más tarde, en 2022, volvió a ser detenido en el condado de Miami-Dade por cargos que incluían doble homicidio en primer grado, robo agravado, tres cargos por disparo de proyectil mortal y posesión de arma con identidad falsa, de acuerdo con registros de arresto.
En la presentación de este caso ante los medios, el DHS destacó a Maceda junto a otros supuestos pandilleros de países como Venezuela, El Salvador, Colombia, República Dominicana, México, Vietnam y Camboya. Todos ellos, dijeron, habrían cometido delitos graves, desde asesinato hasta tráfico de drogas y trata de personas.
La agencia federal aseguró que estas detenciones y deportaciones forman parte del mandato del presidente Trump de “restablecer la seguridad en Estados Unidos y llevar a cabo deportaciones masivas”. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, incluso advirtió que ICE sigue activo para arrestar a más miembros de pandillas y “hacer que Estados Unidos sea más seguro”.
Este caso levanta preguntas complejas: ¿qué ocurre con cubanos deportados con historial criminal cuando su país no los acepta? ¿Qué destino les espera en tercera naciones o en Guantánamo? Y más importante aún: ¿qué impacto tiene esto en las comunidades de migrantes que ya enfrentan prejuicios y políticas migratorias cada vez más estrictas?
