La ciudad de Hialeah decidió dejarse de medias tintas. Sus autoridades anunciaron una investigación sin precedentes contra casi 300 empresas locales que podrían estar manteniendo vínculos comerciales con el régimen cubano, una movida que busca cortar de raíz cualquier forma de complicidad económica con la dictadura.
El anuncio lo hizo el alcalde Bryan Calvo en una rueda de prensa que marca un antes y un después en la postura del gobierno municipal frente a los negocios con Cuba. El mensaje fue claro y sin adornos: Hialeah no será cómplice del castrismo, ni por acción ni por omisión.
La investigación nace a partir de la creación del Grupo Asesor de Negocios con Cuba (CUBAT), instaurado por orden ejecutiva el mismo día en que Calvo asumió la alcaldía. Desde ahí se empezó a tirar del hilo, revisando contratos, licencias y operaciones de empresas que operan en la ciudad y que podrían estar beneficiando directa o indirectamente al aparato del poder en La Habana.
“Hemos identificado más de 290 negocios que potencialmente están haciendo negocios con el régimen castrista”, soltó Calvo sin rodeos. A cada uno se le exigirá ahora demostrar, papel en mano, que sus operaciones son legales y que cuentan con los permisos federales necesarios para comerciar con la isla.
Aunque los nombres no se han hecho públicos, en los pasillos se comenta que muchas de estas empresas estarían vinculadas al envío de paquetes a Cuba, un negocio que durante años ha operado en una zona gris mientras el régimen se beneficia y el pueblo sigue en la miseria.
El proceso será profundo y sin apuros. Las empresas deberán entregar documentación detallada sobre exportaciones, importaciones, acuerdos logísticos y transacciones financieras. Cualquier relación con entidades sancionadas, especialmente con el emporio militar GAESA, será analizada con lupa, advirtió el alcalde.
Los expedientes pasarán por la unidad de crímenes económicos del Departamento de Policía de Hialeah, que evaluará si existen violaciones a leyes estatales o federales. Aquí no se trata de discursos políticos, sino de responsabilidades legales.
Uno de los anuncios que más ruido generó fue la incorporación del influencer Alex Otaola como figura clave en la supervisión del proceso. Conocido por su línea dura contra el castrismo, Otaola dejó claro que no habrá borrón y cuenta nueva.
“Se acabó la complicidad”, afirmó, adelantando que la investigación no se limitará al presente. También se revisará lo que estas empresas hicieron en el pasado, y quienes hayan jugado a dos bandos tendrán que dar explicaciones.
La iniciativa no se quedó solo en Hialeah. Alcaldes de ciudades vecinas como Doral y Coral Gables, junto a representantes de Miami-Dade, respaldaron públicamente la ofensiva. El mensaje regional es evidente: la tolerancia con los negocios que alimentan a la dictadura se está agotando.
Aunque el proceso apenas comienza, ya se habla de posibles revocaciones de licencias y audiencias públicas que podrían definir el futuro de varios comercios. El cronograma apunta a varios meses de revisión caso por caso, sin atajos.
Esta ofensiva encaja perfectamente con la plataforma política de Bryan Calvo, quien con apenas 27 años se convirtió en el alcalde más joven en la historia de Hialeah. Desde su campaña fue tajante: ni refugio ni alfombra roja para los intereses del castrismo.
Con formación académica sólida y una trayectoria marcada por la fiscalización, Calvo ha dejado claro que su gestión girará alrededor de la transparencia y el enfrentamiento directo a la corrupción y la influencia extranjera.
“La transparencia no es negociable”, sentenció. Cada contrato, cada inversión y cada empresa con conexiones turbias será investigada. En una ciudad donde el exilio cubano pesa y recuerda, la idea de que algunos se hayan enriquecido ayudando al régimen genera indignación.
Para muchos vecinos, esta investigación es una limpieza moral largamente esperada. Para otros, un proceso que deberá sostenerse con pruebas sólidas. Pero en algo hay consenso: el dinero que termina en manos del castrismo no puede seguir fluyendo con total impunidad desde el exilio.
