La sentencia contra el exministro Alejandro Gil Fernández ya es cosa juzgada. Este viernes, el Tribunal Supremo Popular cerró la puerta a cualquier apelación y dejó firme un castigo ejemplarizante que incluye cadena perpetua por espionaje, 20 años adicionales por delitos económicos y, como guinda amarga, el decomiso de bienes. Lo curioso —aunque en Cuba ya nada sorprende— es que el propio Supremo no aclaró públicamente qué bienes serán confiscados.
El silencio oficial contrasta con lo que reveló la hermana del exfuncionario, la abogada y presentadora María Victoria Gil, en declaraciones al periodista Mario J. Pentón. Según explicó, el decomiso había quedado congelado mientras duraba la apelación, pero ahora se activará sin freno, y no golpeará solo a Alejandro Gil, sino también a su familia.
Casas, familias y una niña en medio
De acuerdo con lo expuesto por María Victoria Gil, las propiedades señaladas para el decomiso serían dos viviendas. Una de ellas es la casa de Miramar donde residía Alejandro Gil, una vivienda de dos plantas ubicada en 24 entre Primera y Tercera, en el municipio Playa. Allí, según el testimonio, viven actualmente su esposa, Gina María González García; su hija, Laura María Gil González; el esposo de esta y una niña de apenas tres años.
La segunda vivienda mencionada es la casa de la suegra de Gil, una mujer cercana a los 90 años. “No tiene nada que ver con nada”, subrayó la hermana del exministro, dejando claro que el castigo no distingue responsabilidades ni edades cuando se trata de escarmentar.
Justicia opaca, castigo selectivo
El Tribunal Supremo Popular confirmó la cadena perpetua por espionaje y ratificó la pena adicional de 20 años por corrupción, malversación, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos, además de sanciones accesorias. Sin embargo, el comunicado oficial evita cuidadosamente detallar propiedades, montos o bienes específicos, manteniendo la opacidad que caracteriza a los grandes casos políticos en Cuba.
Según la propia María Victoria Gil, la confiscación “no se había hecho” porque el proceso estaba interrumpido por la apelación. Con el rechazo definitivo de los recursos, el decomiso pasa ahora a fase de ejecución, sin que exista una vía ordinaria para revertir el fallo.
El relato oficial y la purga interna
En su nota pública, el Supremo afirmó que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba”, provocando daños a la economía. Una frase que suena más a ajuste de cuentas interno que a explicación jurídica, sobre todo cuando durante años el exministro fue presentado como uno de los rostros técnicos del desastre económico nacional.
Alejandro Gil fue destituido en febrero de 2024 y detenido un mes después, cuando el Gobierno habló vagamente de “errores graves”. Para noviembre, la Fiscalía ya había armado un expediente con 11 delitos, incluyendo espionaje, elevando el caso a una dimensión política mucho más oscura.
Un mensaje claro… para los de arriba
Más allá del destino personal de Gil, el caso envía un mensaje inequívoco dentro del propio poder: nadie está a salvo cuando deja de ser útil. Y si para dar el escarmiento hay que pasarle la aplanadora por encima a familiares, ancianos o niños, el sistema no se detiene a mirar atrás.
En la Cuba del “Estado de Derecho socialista”, la justicia sigue siendo selectiva, opaca y ejemplarizante, diseñada no para aclarar la verdad, sino para sembrar miedo. Y en ese guion, el decomiso no es una consecuencia legal: es una advertencia.
