Una investigación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México destapó una red dedicada a emitir actas de nacimiento mexicanas falsas, supuestamente utilizadas por ciudadanos cubanos para realizar trámites en consulados mexicanos en Estados Unidos. La noticia no solo sorprendió a medios y autoridades, sino que abrió un debate sobre cómo funcionan estas operaciones y los riesgos legales de participar en ellas.
Todo comenzó en Houston, Texas, donde el Consulado General de México detectó algo raro entre el 15 y el 21 de enero. Varias personas llegaron a solicitar trámites consulares alegando ser mexicanas, pero durante las entrevistas confesaron que habían nacido en Cuba y que sus documentos no eran legítimos. Básicamente, habían comprado actas de nacimiento apócrifas a través de intermediarios.
Las actas que mostraban estaban supuestamente expedidas por el Registro Civil de Tapachula, Chiapas, y aunque figuraban en sistemas oficiales y contaban con CURP certificada, los documentos tenían inconsistencias graves. Les faltaban anotaciones marginales y el número de certificado de nacimiento, dos elementos imprescindibles para que un acta sea legal. Según las autoridades, los implicados admitieron que estas actas fueron obtenidas mediante un fraude operado desde Tapachula, un punto clave en las rutas migratorias hacia Estados Unidos.
Lo que parecía un caso aislado rápidamente se convirtió en un esquema más grande. El consulado en Houston detectó al menos cinco casos adicionales con actas supuestamente expedidas en otros estados como Aguascalientes, Nayarit y Puebla. Esto sugiere que la red estaba replicando el fraude en distintas regiones para evitar ser detectada. La SRE anunció que reforzará los controles en la emisión de documentos oficiales y trabaja con otras dependencias para desmantelar a los responsables.
Las primeras investigaciones apuntan a Tapachula, Motozintla y Comitán como epicentros de la operación. Allí, personal del Registro Civil habría trabajado en complicidad con redes ilegales de tráfico de personas, emitiendo actas falsas especialmente a cubanos que buscaban regularizar su estatus migratorio en terceros países. Una fuente del gobierno explicó que los documentos aparecían en sistemas oficiales y tenían CURP certificada, pero carecían de elementos legales esenciales.
La pista judicial ya avanzó: tras una auditoría interna del Registro Civil, fueron detenidos tres empleados señalados por su participación directa: Artemio “N”, Juan “N” y Jorge “N”. Enfrentan cargos por abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas informáticos, y permanecen bajo custodia judicial.
Más allá de la falsificación, este caso refleja un fenómeno migratorio creciente: cubanos que recurren a vías ilegales para obtener nacionalidad o documentos que faciliten su tránsito hacia Estados Unidos. La SRE advierte que la falsificación de documentos es un delito grave con consecuencias penales tanto para quienes expiden los documentos como para quienes los usan. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
