El Gobierno de México explora fórmulas para seguir enviando combustible a Cuba sin quedar atrapado en la red de sanciones y aranceles que ha advertido imponer la administración de Donald Trump. Así lo reveló este martes la agencia Reuters, citando a varias fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.
De acuerdo con el reporte, altos funcionarios mexicanos mantienen contactos frecuentes con Washington para aclarar hasta dónde llega la orden ejecutiva firmada por Trump, que amenaza con castigar a los países que abastezcan de petróleo a la Isla. El objetivo es simple y político a la vez: no romper con Estados Unidos, pero tampoco soltar al régimen cubano.
Las fuentes consultadas por Reuters aseguran que México baraja una vía que roza el maquillaje diplomático: clasificar los cargamentos de combustible como “ayuda humanitaria”. Una etiqueta conveniente que permitiría seguir enviando crudo sin reconocer abiertamente que se trata de un salvavidas energético para una dictadura en crisis.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario. Tampoco lo hizo la Presidencia mexicana. La Cancillería, por su parte, afirmó no tener información al respecto, una respuesta que contrasta con la intensidad de las conversaciones descritas por las propias fuentes.
La urgencia del régimen cubano es evidente. Cuba importa cerca de dos tercios de la energía que consume, sufre apagones interminables y colas kilométricas en las gasolineras. Desde diciembre de 2025, los envíos de petróleo venezolano se interrumpieron tras el bloqueo estadounidense a los tanqueros de Caracas y la posterior captura del dictador Nicolás Maduro en enero.
Ese vacío convirtió a México en el principal proveedor de combustible de la Isla, hasta que a mediados de enero el gobierno de Claudia Sheinbaum suspendió los envíos, presionado por Washington. Ahora, el intento es retomar el flujo sin enfrentar represalias, aunque el trasfondo político sea imposible de disimular.
Estados Unidos sostiene que Cuba representa una “amenaza extraordinaria” para su seguridad nacional, un argumento que el régimen rechaza mientras depende cada vez más del petróleo extranjero para no apagarse del todo. Las advertencias de sanciones han forzado a México a moverse con cautela, buscando una salida negociada que le permita mantener su discurso de “solidaridad” sin asumir costos económicos.
Una de las fuentes citadas por Reuters resumió el dilema con crudeza: “Hay conversaciones casi todos los días. México no quiere ser sancionado, pero tampoco abandonar su política de apoyo a Cuba”. En la práctica, eso significa sostener al régimen sin decirlo en voz alta.
El reporte recuerda además la advertencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien alertó que Cuba podría enfrentar un “colapso humanitario” si no logra asegurar combustible suficiente para su sistema energético. Un escenario que el propio régimen utiliza como argumento, mientras evita reconocer su responsabilidad en el desastre.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente el envío de ayuda y pidió evitar medidas que, según ella, agraven la crisis. Aseguró que imponer tarifas a los países que suministran petróleo a Cuba podría afectar hospitales, alimentos y servicios básicos. Lo que no dice es que, sin ese combustible, el sistema que gobierna la Isla simplemente no funciona.
Así, México intenta caminar entre dos fuegos: no desafiar abiertamente a Washington y, al mismo tiempo, no dejar caer a un aliado político. Mientras tanto, el régimen cubano sigue dependiendo del petróleo ajeno, rebautizado ahora como “ayuda humanitaria”, para sostener un modelo que ya no se sostiene por sí solo.
