El Gobierno cubano anunció que concentrará las actividades administrativas fundamentales de lunes a jueves como parte de su nuevo paquete de medidas para reducir el consumo de energía, en medio de una crisis energética que no da tregua y que sigue golpeando con fuerza a la población.
La explicación, ofrecida en el programa oficialista Mesa Redonda, presenta la decisión como una forma de “incrementar la eficiencia” en la atención a la ciudadanía durante esos cuatro días, mientras se reduce al mínimo el funcionamiento administrativo los fines de semana. En la práctica, lo que hace el régimen es apagar oficinas y servicios para estirar un sistema eléctrico colapsado.
Según el discurso oficial, al concentrar el trabajo burocrático de lunes a jueves y prácticamente cerrar los viernes, sábados y domingos, se lograría un supuesto “impacto positivo” en la disponibilidad energética, que permitiría destinar recursos a otras necesidades. Una narrativa que intenta maquillar lo evidente: no hay combustible ni electricidad suficientes para sostener el país funcionando con normalidad.
La medida fue presentada por Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, quien volvió a repetir el ya gastado llamado al ahorro, mientras evita mencionar responsabilidades políticas por el desastre energético acumulado durante años.
En el mismo espacio televisivo, el régimen dejó claro que esta reorganización administrativa no viene sola. También se adelantó que habrá restricciones en la venta de combustible, bajo el argumento de que las reservas actuales no permiten mantener los niveles de comercialización de semanas anteriores. Otra forma de decirle al país que se prepare para menos movilidad, más apagones y más parálisis.
Aunque las autoridades aseguran que las limitaciones serán temporales y que los niveles habituales de suministro se retomarán “cuando la situación lo permita”, no ofrecieron fechas, volúmenes ni garantías concretas. Pura improvisación, como ya es costumbre.
Mientras tanto, el peso de estas decisiones vuelve a caer sobre la gente común, que enfrenta jornadas laborales recortadas, trámites postergados, transporte limitado y un sistema energético al borde del colapso. El Gobierno, en cambio, sigue vendiendo ajustes forzados como si fueran planes estratégicos, cuando en realidad son parches desesperados ante una crisis sin solución a la vista.
