La cosa en Santiago de Cuba está que arde… y no precisamente por el calor. En medio de la crisis económica y la escasez que golpea cada rincón del país, se han viralizado varios operativos de decomiso contra vendedores ambulantes que intentan sobrevivir vendiendo cualquier cosa en la calle. Lo que para muchos es la única vía de ingreso, para las autoridades se ha convertido en blanco de persecución.
En videos que corren como pólvora por Facebook y otras redes se ve el momento en que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) incautan mercancía y detienen a vendedores. Algunos arrestos, según denuncian testigos, han sido con uso de fuerza. La escena se repite: carretillas vaciadas, jabas decomisadas y personas desesperadas viendo cómo pierden lo poco que tenían para sostener a sus familias.
Como era de esperar, los comentarios no tardaron en explotar. Muchos cubanos reaccionaron con indignación total ante lo que consideran un abuso. Un usuario identificado como Edgar escribió que “para eso sí tienen recursos”, insinuando que la misma energía no se usa para resolver los problemas reales del país. Su mensaje, cargado de frustración, habla de un pueblo acumulando coraje.
Otro internauta, Alejandro Rodríguez, fue más directo todavía. Criticó que se decomise “lo poquito” que vende la gente mientras el propio Estado no logra abastecer mercados. Su comentario refleja una percepción bastante extendida: la desconexión entre las medidas oficiales y la realidad diaria del cubano de a pie.
Todo esto ocurre en un momento particularmente delicado. La crisis dentro de la isla no solo es económica, sino también energética y social. Los apagones, la falta de transporte y el desabastecimiento forman parte del día a día, creando el caldo de cultivo perfecto para tensiones mayores.
A ese escenario interno se suma la presión internacional. Desde Estados Unidos se han impulsado nuevas acciones políticas contra el gobierno cubano, elevando el tono del conflicto bilateral. Esto ha añadido más incertidumbre sobre el futuro inmediato de la economía en la isla.
Entre las medidas anunciadas desde Washington se incluyen sanciones y presiones dirigidas a países que suministran petróleo a Cuba, buscando limitar aún más el acceso al combustible. Y cuando el combustible escasea en Cuba… todo se paraliza.
Ante esa perspectiva, el gobierno cubano ha empezado a mover ficha. Miguel Díaz-Canel habló de aplicar medidas de austeridad que muchos comparan con la temida “Opción Cero” de los años 90, aquella etapa del Periodo Especial que todavía hoy provoca escalofríos en varias generaciones.
El discurso oficial insiste en resistencia, sacrificio y ahorro extremo. La narrativa es clara: toca apretarse más el cinturón porque rendirse no es opción. Pero en la calle, el cansancio social es cada vez más visible.
De hecho, algunas medidas ya están impactando de lleno en la población. El transporte urbano ha sufrido paralizaciones, complicando aún más la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes.
Las universidades tampoco han escapado. Varias instituciones han tenido que suspender actividades presenciales o trasladarlas a formatos semipresenciales para ahorrar combustible y recursos. Incluso eventos académicos importantes han sido cancelados o pospuestos.
La Universidad de La Habana, por ejemplo, suspendió su Congreso Universidad 2026 y reorganizó programas educativos bajo modalidades temporales a distancia. Son señales claras de que la crisis energética no es un discurso… es una realidad operativa.
En este contexto tan tenso, muchos recuerdan inevitablemente el estallido social del 11 de julio de 2021. Aquellas protestas masivas marcaron un antes y un después en la historia reciente del país.
Hoy, con condiciones de vida aún más deterioradas, hay quienes temen que la presión social vuelva a explotar. Porque cuando sobrevivir en la calle se vuelve delito y trabajar informalmente es perseguido… la indignación empieza a acumularse peligrosamente.
