En Washington se mueve otra pieza que apunta directo al corazón financiero del régimen cubano. Los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez reclamaron a la Administración de Donald Trump la cancelación inmediata de las licencias comerciales que aún permiten vínculos económicos con Cuba.
La iniciativa no llegó en silencio. Salazar lo soltó sin rodeos en sus redes, dejando claro que envió una carta al Departamento del Tesoro y al de Comercio. El objetivo, según explicó, es revocar cualquier autorización que facilite a empresas estadounidenses hacer negocios con lo que calificó como la dictadura cubana.
El argumento central es contundente. A juicio de la congresista, esas licencias no son simples trámites burocráticos. Representan grietas dentro del sistema de sanciones, abriendo espacios que, directa o indirectamente, terminan beneficiando al aparato estatal de La Habana.
Desde su perspectiva, permitir esas operaciones erosiona la esencia de la Ley LIBERTAD. La crítica va más allá de la retórica política habitual. Plantea que cada autorización vigente puede traducirse en recursos que, en última instancia, refuerzan la estructura económica del régimen.
El documento firmado por los tres legisladores pone el foco sobre las entidades encargadas de emitir estos permisos. Señalan que tanto la OFAC como la BIS continúan autorizando transacciones que podrían generar beneficios materiales o financieros a empresas bajo control estatal cubano.
La preocupación que exponen no es menor dentro del marco legal estadounidense. Sostienen que estas prácticas chocan frontalmente con la intención original del Congreso cuando aprobó la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática en 1996. Una legislación diseñada precisamente para limitar cualquier flujo económico hacia el régimen.
Bajo esa lógica, la petición a las autoridades federales es clara. Reclaman una revisión profunda de todas las licencias activas vinculadas al Gobierno cubano o a sus entidades empresariales. No como gesto simbólico, sino como paso necesario para cerrar posibles resquicios legales.
También exigen la revocación de cualquier permiso que pueda beneficiar, aunque sea de forma indirecta, a estructuras controladas por el Estado cubano. El mensaje implícito es que no debe existir margen para interpretaciones flexibles cuando se trata de sanciones.
Salazar insistió en una idea que resume la postura del grupo. La ley estadounidense, recordó, fue concebida para negar respaldo económico al régimen hasta que ocurra un cambio democrático real. En esa narrativa, cada dólar bloqueado se interpreta como presión legítima y no como castigo arbitrario.
Carlos Giménez adoptó un tono aún más frontal. Aseguró que la política de máxima presión impulsada por Trump ha colocado al régimen cubano en una posición más frágil que en años anteriores. Desde su visión, el camino pasa por cerrar todas las fuentes de ingreso posibles.
Su planteamiento incluye no solo las licencias comerciales, sino cualquier mecanismo que genere divisas para La Habana. Combustibles subsidiados, vuelos, remesas y exportaciones aparecen en su discurso como válvulas económicas que deben ser selladas.
En esencia, la estrategia defendida por estos legisladores apunta a asfixiar financieramente al régimen. Reducir ingresos como herramienta de presión política, bajo la premisa de que el sostenimiento económico del Estado cubano es clave para su permanencia.
Mario Díaz-Balart, por su parte, reforzó la misma línea argumental. Se mostró convencido de que la aplicación estricta de la Ley LIBERTAD no admite excepciones cuando se trata de entidades que, según la legislación, operan bajo un gobierno considerado patrocinador del terrorismo.
El trasfondo político resulta evidente. En sectores del Congreso persiste la idea de que cualquier flexibilización comercial o financiera hacia Cuba termina prolongando la vida de un sistema que consideran represivo. La batalla ya no es solo diplomática, sino económica y regulatoria.
Si la Administración estadounidense avanza en la dirección solicitada, el impacto sería inmediato. La revocación masiva de licencias cerraría canales de negocio aún vigentes, endureciendo un escenario ya complejo para las transacciones vinculadas a la isla.
Mientras tanto, en Cuba, el debate adquiere otra dimensión. En un país donde la economía atraviesa una crisis profunda, cada restricción externa se mezcla con problemas internos acumulados. Pero desde la óptica de estos congresistas, el cálculo es distinto.
Su apuesta es que cortar recursos al régimen equivale a debilitar su capacidad de control. Una visión polémica, sí, pero coherente con la línea de máxima presión que ha marcado buena parte de la política estadounidense hacia La Habana durante décadas.
