La escena se repite, pero no deja de golpear. En Villa Clara, las autoridades del Comercio Interior soltaron la noticia que muchos temían: el pan de la canasta básica solo está asegurado, por ahora, para niños menores de 13 años y adultos mayores de 65. El resto, a cruzar los dedos.
El anuncio no fue un rumor de pasillo. Salió en la radio provincial, donde el director de la Empresa Productora de Alimentos en el territorio, Odel Dueñas, dejó claro el panorama. En esencia, explicó que, con la crisis energética apretando y el combustible en modo fantasma, no hay capacidad para sostener la distribución diaria para toda la población.
La explicación oficial suena técnica, pero la realidad es bien terrenal. Falta electricidad, falta diésel, falta de todo. Y cuando el sistema entra en terapia intensiva, el pan —ese símbolo básico de cualquier mesa— termina convertido en un privilegio selectivo.
Durante la misma intervención, Digna Morales, al frente del Comercio Interior en la región central, intentó transmitir calma. Aseguró que las bodegas ajustaron horarios para lidiar con los apagones, aunque, según dijo, permanecerán operativas el tiempo que haga falta para recibir y despachar los pocos productos que lleguen. Abrir hasta tarde no resuelve estantes vacíos, pero es el libreto que toca.
Morales reconoció que la situación camina sobre arenas movedizas. Comentó que los esfuerzos actuales están centrados en completar la distribución de azúcar pendiente desde enero. Sobre lo que vendrá después, el mensaje fue menos alentador: nadie sabe con certeza qué cantidades ni qué productos entrarán este mes, ya sea por la cuota habitual o por donaciones externas.
El argumento vuelve a girar alrededor de la misma palabra mágica: logística. Barcos que no llegan, suministros que se atrasan, recursos que no aparecen. Todo en un contexto donde la escasez de energía y combustible ya dejó de ser coyuntural para convertirse en norma.
En paralelo, la solución improvisada se impone. Para garantizar algunas ofertas alimentarias en comunidades y centros estatales, se recurre a leña y carbón. Hornos rústicos, fuego de cuje, métodos que parecen sacados de otro siglo. La modernidad prometida terminó cocinándose a la antigua.
Las autoridades también mencionaron la esperanza puesta en ayudas externas. Un proyecto de colaboración con la comunidad canaria permitiría la llegada de pollo y carne de res. Otra vez, la supervivencia del mercado interno atada a la generosidad ajena.
Dueñas, por su parte, fue todavía más directo al abordar el tema de la harina. Admitió que no existe una fecha clara para recibir el trigo necesario que permita cubrir la demanda del resto de los consumidores. Dicho sin rodeos: ni siquiera la materia prima del pan está garantizada.
En cuanto a la Cadena Cubana del Pan, la receta aplicada es la conocida en toda la isla. Regulaciones, controles y ventas limitadas a través de la libreta de abastecimiento. El objetivo declarado es evitar acaparamiento y reventa, aunque el problema de fondo sigue intacto: cuando no hay producción suficiente, repartir miseria no es solución.
Desde las propias panaderías estatales el panorama tampoco es fácil. Los trabajadores operan entre apagones interminables y recursos mínimos. Aun así, intentan sostener elaboraciones básicas, desde pan hasta frituras y croquetas. Resistencia laboral en condiciones que rozan lo absurdo.
La nueva restricción en Villa Clara no es un hecho aislado. Es otro reflejo del desgaste crónico del sistema estatal de distribución, que hoy lucha por garantizar lo más elemental. Si el pan se vuelve incierto, todo lo demás queda en entredicho.
Mientras el discurso oficial insiste en factores externos y obstáculos logísticos, miles de familias enfrentan la misma angustia cotidiana. La libreta, concebida como red de seguridad, ya no logra ocultar una verdad incómoda: la crisis estructural no se alivia, se profundiza.
