El Gobierno cubano acaba de mover una ficha que dice mucho del momento que atraviesa el país. En medio del descalabro económico y la asfixia energética, las autoridades aprobaron la liberación temporal de delegados municipales de sus puestos de trabajo. ¿La misión? Aumentar su presencia política en los barrios, justo cuando el malestar social crece y la paciencia ciudadana se evapora.
La decisión quedó formalizada en el Acuerdo No. 556-X del Consejo de Estado, con la firma de Juan Esteban Lazo Hernández. El documento aparece en un contexto imposible de maquillar: apagones interminables, combustible escaso y servicios básicos funcionando a medio pulmón. Una Cuba donde la crisis dejó de ser noticia para convertirse en rutina.
El texto invoca el artículo 193 de la Constitución, recordando que los delegados deben cumplir el mandato de sus electores. Bajo ese paraguas legal, el régimen intenta vestir de formalidad una medida que, en la práctica, refleja otra cosa. Cuando el poder necesita más operadores políticos en la calle, suele ser porque la inconformidad aprieta.
Según la disposición, serán los presidentes de las Asambleas Municipales quienes determinen qué delegados quedan temporalmente desligados de sus empleos. La justificación oficial habla de reforzar la atención directa en las demarcaciones. La lectura menos ingenua apunta a una necesidad urgente de control político en comunidades cada vez más golpeadas.
El propio acuerdo admite, sin demasiado rodeo, la gravedad del panorama. Reconoce limitaciones severas de combustible, tropiezos constantes del sistema eléctrico y dificultades para sostener servicios esenciales. Sin embargo, el libreto conocido no falta: parte de la responsabilidad vuelve a colocarse sobre las políticas de Estados Unidos. El guion de siempre, aunque la crisis sea profundamente interna.
A los delegados se les encomienda mantener informada a la población sobre decisiones gubernamentales y estimular la participación comunitaria. Los temas priorizados no sorprenden a nadie. Producción de alimentos, energía y control de precios. Tres frentes donde la realidad diaria desmiente cualquier optimismo oficial.
La insistencia en estos asuntos revela el nervio sensible del momento. Inflación disparada, apagones que paralizan la vida cotidiana y escasez persistente. La ciudadanía no necesita demasiadas explicaciones para identificar dónde aprieta el zapato. La crisis se siente en la mesa, en el transporte y en cada jornada sin electricidad.
El acuerdo también empuja a Consejos Populares y administraciones locales a intensificar controles y evaluaciones sistemáticas. Más supervisión, más vigilancia, más estructuras activas. Todo bajo la mirada de instancias centrales del Poder Popular. Una arquitectura burocrática que crece a la par de las dificultades reales.
Hay un detalle que no pasa inadvertido. La medida no establece un plazo concreto. La liberación laboral se mantendrá “hasta tanto se disponga”. Traducido al lenguaje de la calle, eso significa duración indefinida. Otro parche administrativo en un país donde las soluciones temporales suelen eternizarse.
