El delicado engranaje migratorio entre Washington y La Habana volvió a generar titulares. El pasado 9 de febrero, el Gobierno cubano recibió a 170 ciudadanos deportados desde Estados Unidos, en lo que marcó el primer vuelo de repatriación hacia la Isla en 2026. La información fue divulgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dejando al descubierto un detalle particularmente sensible: entre los retornados figuraban individuos con condenas por delitos graves.
Según la propia agencia estadounidense, este tipo de operaciones no constituye una novedad absoluta. Los vuelos de deportación hacia Cuba existen desde hace años. Sin embargo, ICE subrayó que La Habana se había mostrado históricamente reticente a aceptar repatriaciones masivas, una postura que, de acuerdo con la entidad, parece haber cambiado bajo la actual administración norteamericana.
El tono del comunicado no fue precisamente neutro. La agencia afirmó que las devoluciones hacia Cuba se están produciendo en “cifras récord”, destacando que en este primer vuelo del año fueron expulsados individuos vinculados a crímenes de alto perfil. Entre las categorías mencionadas aparecieron delitos como homicidio, secuestro, agresión sexual y narcotráfico.
Entre los nombres citados por ICE figura el de Yondeivis Wong Den-Hernandez, condenado en Florida por asesinato en segundo grado. La agencia también lo vinculó a cargos relacionados con la facilitación de entrada indebida de extranjeros en Texas. Otro caso señalado fue el de Raul Duquenzne-Batista, quien, según la información oficial, acumulaba antecedentes penales tanto en territorio estadounidense como en Cuba.
La lista difundida por ICE incluyó referencias a una amplia gama de delitos. Tráfico de drogas, robo mayor, conspiraciones criminales y posesión ilegal de armas aparecen entre los cargos descritos. La narrativa del organismo enfatizó el carácter delictivo de varios de los deportados, reforzando la dimensión de seguridad que Washington suele asociar a estas operaciones.
La aeronave con los 170 repatriados aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según confirmó el Ministerio del Interior cubano. De acuerdo con la escueta nota oficial, el grupo estuvo integrado por 153 hombres y 17 mujeres, aunque el comunicado evitó profundizar en detalles sobre la identidad o historial de los retornados.
Las autoridades cubanas indicaron que tres de las personas fueron remitidas a órganos de investigación por presuntos delitos cometidos antes de abandonar el país. Más allá de esa mención, no se ofrecieron precisiones sobre los procesos judiciales ni sobre la situación legal actual de los implicados, una opacidad informativa que suele acompañar este tipo de anuncios oficiales.
El trasfondo de estos vuelos no puede separarse del complejo panorama migratorio entre ambos países. Las deportaciones hacia Cuba han atravesado ciclos de suspensión y reactivación, condicionados por tensiones diplomáticas y cambios en la política bilateral. Las operaciones se detuvieron en 2020 y fueron retomadas en 2023, en medio de un flujo migratorio sin precedentes.
Para la Isla, sumida en una crisis económica profunda, cada vuelo de repatriación añade nuevas capas de complejidad social. Más allá de la retórica política y los comunicados oficiales, el fenómeno refleja la persistencia de una dinámica migratoria marcada por la desesperación económica, la inestabilidad interna y las fricciones geopolíticas.
