La crisis energética en Cuba sigue pasando factura, y esta vez el golpe cae de lleno sobre uno de los sectores más sensibles de la economía: el turismo. Con hoteles cerrados y una movilidad cada vez más restringida por la falta de combustible, las autoridades han optado por reubicar a trabajadores en sus propios municipios de residencia, una medida que refleja hasta qué punto la contingencia energética ha trastocado la normalidad laboral.
La imposibilidad de trasladarse desde zonas alejadas hacia la Península de Hicacos o incluso hacia la capital provincial ha convertido los desplazamientos cotidianos en un problema logístico casi insoluble. En ese escenario, empleados del sector turístico han tenido que adaptarse a un nuevo destino laboral, muchas veces lejos de la actividad para la que fueron contratados.
Según explicó Cándido Lázaro González Valera, director provincial de Trabajo y Seguridad Social, el proceso implica identificar vacantes en las Direcciones de Trabajo municipales, donde se concentran las ofertas disponibles. Sin embargo, la propia declaración deja entrever la magnitud del desajuste: plazas que antes pertenecían al turismo o la construcción hoy “no son una opción”.
La cifra oficial de vacantes en la provincia, más de ocho mil, podría sugerir una amplia disponibilidad de empleo. Pero detrás del número asoma una realidad más compleja. No se trata de expansión económica ni de creación de nuevas oportunidades, sino de un reacomodo forzado en medio de un entorno productivo debilitado.
El régimen también presume de miles de trabajadores en modalidades de trabajo a distancia. Parte de ellos laboran desde sus viviendas, otros en el terreno, mientras el teletrabajo aparece como alternativa. En el discurso oficial, la prioridad es el cumplimiento de tareas por encima de la formalidad horaria, una narrativa que intenta maquillar la precariedad operativa derivada de la crisis energética.
La lógica detrás de estas decisiones apunta a reducir oficinas ocupadas y limitar desplazamientos, en un país donde la escasez de combustible ha transformado la movilidad en un lujo. La medida, presentada como reorganización eficiente, revela en realidad un sistema que no logra sostener su funcionamiento básico bajo las actuales condiciones energéticas.
En cuanto a la recolocación laboral, las prioridades declaradas resultan igualmente reveladoras. Educación y agricultura emergen como destinos preferentes, no por un auge planificado, sino por déficits crónicos. La falta de maestros y la urgencia de producir alimentos obligan a redirigir mano de obra hacia sectores históricamente golpeados por la falta de incentivos y recursos.
La referencia al trabajo social añade otra capa al panorama. Se plantea como actividad complementaria y necesaria, evocando experiencias de crisis anteriores. Pero en la práctica, este tipo de reasignaciones suelen estar más asociadas a la supervivencia institucional que a una estrategia de desarrollo sostenible.
Lo que se presenta oficialmente como flexibilidad laboral es, para muchos trabajadores, un recordatorio de la fragilidad económica que atraviesa el país. El turismo, motor clave de ingresos en divisas, opera hoy bajo limitaciones severas, mientras sus empleados enfrentan incertidumbre y cambios abruptos en su vida profesional.
