En Santiago de Cuba, donde moverse ya es un reto diario, la noticia cayó como un cubo de agua fría. Un total de 181 vehículos, entre motos, triciclos eléctricos y triciclomotores, fueron inmovilizados y enviados al Centro Provincial de Depósito por presuntas violaciones a la Ley 109 del Código de Seguridad Vial.
La información, divulgada por la emisora oficialista CMKC, detalla que las retenciones responden a infracciones como estacionamiento indebido, conducción sin licencia, deficiencias técnicas y modificaciones en los sistemas de escape. En el papel, suena a simple aplicación de la norma. En la calle, la lectura es otra.
No pocos santiagueros reaccionaron con molestia. En un contexto marcado por apagones interminables, escasez de combustible y un transporte estatal cada vez más débil, motos y triciclos se han convertido en tabla de salvación para miles de personas.
Las redes sociales, como ya es costumbre, sirvieron de desahogo colectivo. Muchos usuarios cuestionaron el momento elegido para endurecer los controles, señalando que las autoridades parecen ignorar la realidad cotidiana de una ciudad donde cualquier alternativa de movilidad cuenta.
Algunos comentarios reflejan un sentir ampliamente extendido. La crítica no gira solo en torno a la legalidad de la medida, sino a su impacto práctico. Retener vehículos en medio de una crisis de transporte equivale, para muchos, a complicar aún más la vida diaria.
También surgieron sospechas y temores habituales cuando se menciona el Centro Provincial de Depósito, un lugar que arrastra mala fama entre conductores. La preocupación por la seguridad de las piezas y el estado en que podrían recuperar los vehículos volvió a colarse en la conversación digital.
Otras voces, aunque menos numerosas, defendieron la necesidad de respetar la ley. Sin embargo, incluso entre quienes respaldan el cumplimiento de la normativa, apareció un matiz común: la oportunidad y la proporcionalidad de las acciones oficiales.
El debate no es menor. En la Cuba actual, donde la escasez redefine rutinas enteras, cualquier decisión vinculada al transporte toca una fibra especialmente sensible. Para muchos ciudadanos, la prioridad no es la rigidez administrativa, sino la supervivencia logística.
Mientras en Santiago crecen las tensiones por las retenciones, en Holguín el enfoque parece moverse en otra dirección. Allí, las autoridades anunciaron la emisión de permisos especiales temporales para triciclos eléctricos y motorinas, con la intención de reforzar la transportación de carga y pasajeros.
La medida fue comunicada por René Rodríguez Morales, delegado del ministro de Transporte en la provincia. Según explicó, se realizará un proceso de registro que incluirá datos del titular, documentación del vehículo, licencia de conducción y revisión técnica actualizada.
El contraste entre ambas decisiones no pasó inadvertido en redes. Para muchos internautas, resulta difícil no comparar. Mientras una provincia restringe e inmoviliza, otra busca flexibilizar y sumar opciones en medio del mismo escenario nacional de crisis energética.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la isla: la desconexión entre las políticas oficiales y la realidad del ciudadano de a pie. En un país donde cada día trae nuevos obstáculos, la movilidad ya no es un lujo, sino una necesidad básica.
