El Gobierno cubano anunció una exención tributaria que, sobre el papel, suena generosa. Hasta ocho años sin pagar determinados impuestos para quienes inviertan en sistemas de energía renovable. La medida quedó oficializada en la Resolución 41/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial.
La disposición establece que personas naturales y jurídicas podrán quedar liberadas del Impuesto sobre los Ingresos Personales o del Impuesto sobre Utilidades. El argumento es incentivar inversiones en tecnologías limpias. La realidad de fondo apunta a otra urgencia: un sistema eléctrico exhausto y cada vez más inestable.
El beneficio fiscal no cae del cielo ni se aplica de manera automática. Depende del monto invertido y del tiempo de recuperación que aprueben las autoridades. Es decir, la exención existe, pero bajo estricta supervisión estatal. Nada que escape al control burocrático habitual.
Para acceder al incentivo, los interesados deberán presentar un dictamen energético emitido por la autoridad competente. Ese documento debe certificar que el sistema funciona correctamente. Luego, la solicitud pasa por la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Otro filtro dentro del engranaje administrativo.
El Estado también se reserva la potestad de retirar el beneficio. Si detecta incumplimientos o irregularidades, la exención puede desaparecer. Una gracia fiscal siempre condicionada a la mirada del propio régimen.
La resolución amplía además las exenciones aduaneras para la importación de equipos vinculados a energías renovables. Paneles solares, aerogeneradores, biodigestores, bombas fotovoltaicas. La lista refleja la apuesta oficial por aliviar la crisis energética mediante soluciones descentralizadas.
En el caso de personas naturales, estos equipos no computarán dentro de los límites tradicionales de importación sin carácter comercial. Siempre, claro, que se presenten de forma diferenciada y cumplan con las formalidades técnicas exigidas. En Cuba, incluso la excepción viene cargada de requisitos.
El texto normativo introduce otro elemento llamativo. Las tecnologías renovables deberán comercializarse a precios “no recaudatorios”, calculados sobre costos y gastos con márgenes de utilidad restringidos. Una fórmula que suena bien en teoría, pero que choca con la distorsionada realidad del mercado cubano.
Sin embargo, los vehículos eléctricos quedan fuera de este esquema. Tanto los autos como sus piezas y componentes fueron excluidos explícitamente. Un detalle que deja ver las prioridades selectivas dentro de la política económica oficial.
Más allá del autoconsumo, la norma contempla la posibilidad de que quienes instalen sistemas renovables puedan inyectar energía al Sistema Electroenergético Nacional. La idea no es nueva, pero cobra otro matiz en un país donde los apagones ya definen la rutina diaria.
El mensaje implícito es difícil de ignorar. El Estado, incapaz de sostener una generación eléctrica estable, busca que actores privados asuman parte del peso. La descentralización como tabla de salvación ante la debacle energética.
La medida emerge en medio de una crisis que no necesita mayor descripción para los cubanos. Cortes eléctricos prolongados, déficit de combustible, infraestructuras deterioradas. Un escenario donde la electricidad dejó de ser garantía para convertirse en evento impredecible.
El régimen presenta la exención como estímulo económico y compromiso ambiental. Pero en la práctica, también funciona como reconocimiento tácito de la fragilidad estructural del sistema. Cuando un Estado incentiva desesperadamente la autogeneración, algo esencial ya no funciona como debería.
Para muchos ciudadanos, el principal obstáculo no es tributario, sino financiero. Invertir en paneles solares o sistemas híbridos exige recursos que la mayoría simplemente no posee. Los incentivos fiscales benefician, sobre todo, a quienes ya tienen capital o acceso a divisas.
Así, entre exenciones, dictámenes y controles, la Resolución 41/2026 se suma al catálogo de medidas que intentan contener un problema crónico. El papel promete alivio. La realidad energética del país sigue dictando otra narrativa.
