Este lunes hubo movimiento en el tablero migratorio y no fue poca cosa. Un tribunal federal en Atlanta decidió anular decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en los casos de dos cubanas con formulario I-220A y devolver sus expedientes para una nueva revisión. En pocas palabras: el partido no se acabó, se vuelve a jugar.
El dictamen, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, dejó algo claro: sí tienen jurisdicción para analizar estos casos. Y no solo eso, ordenaron que la BIA vuelva a revisar los expedientes. “Anulamos las órdenes… y remitimos los casos para procedimientos posteriores”, resumió la corte en su decisión de seis páginas. Traducido al lenguaje de la calle: esto no está cerrado.
La movida llega después de una apelación presentada por el abogado de Miami Mark Prada, quien en diciembre pasado defendió el caso ante el tribunal. Desde entonces, miles de cubanos han estado pendientes de cada detalle, porque lo que se estaba decidiendo ahí no era solo el futuro de dos personas.
Y es que más de 300,000 cubanos con I-220A estaban mirando hacia Atlanta con los nervios de punta. Recordemos que este documento es una orden de libertad bajo supervisión que se dio a muchos tras cruzar la frontera, pero que luego fue considerado insuficiente para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, al no ser vistos como “admitidos” ni beneficiarios de parole. Ese tecnicismo legal los dejó atrapados en un limbo migratorio.
El abogado Willy Allen fue directo al grano: “No perdimos”. Aunque aclaró que tampoco es una victoria definitiva. Lo que hizo la corte fue devolver la pelota a la BIA para que revise y decida otra vez. Y ahí es donde vuelve la incertidumbre.
Allen advirtió que la junta está bajo la autoridad de la fiscal general y que podrían emitir otra decisión negativa o simplemente alargar el proceso. Pero también ve oportunidades. Según explicó, esta decisión podría abrir la puerta a revisar temas de fianza para detenidos con I-220A e incluso intentar nuevamente solicitudes de residencia en corte. Como él mismo dijo: “Batallas tras batallas”.
Importante: el tribunal no declaró que el I-220A sea equivalente a un parole ni dijo que sus beneficiarios califican automáticamente para la residencia. No hubo luz verde directa. Lo que sí hizo fue cuestionar el análisis previo de la BIA y señalar inconsistencias en cómo el gobierno ha interpretado el concepto de “admisión”.
Ese detalle puede parecer técnico, pero es crucial. El panel indicó que es necesario examinar bajo qué estatuto fueron detenidos y procesados estos migrantes. Y si el propio gobierno ha cambiado su postura legal en el tiempo, eso podría jugar a favor de muchos casos individuales.
Mark Prada celebró que el Onceno Circuito rechazara el criterio absoluto de que una persona con I-220A no puede optar al Ajuste Cubano. Además, destacó que al reconocer jurisdicción, el tribunal abre un nuevo escenario para otras demandas, incluyendo una colectiva en el sur de Florida y otra pendiente en Nueva York.
Eso sí, el impacto directo de esta decisión se limita a los estados bajo la jurisdicción del Onceno Circuito: Florida, Georgia y Alabama. Pero el análisis jurídico podría influir en otras cortes del país.
El I-220A, entregado masivamente desde 2021 a quienes cruzaron la frontera sur, dejó a miles en libertad supervisada, pero sin admisión formal ni parole. Y sin ese detalle, la puerta al ajuste quedó cerrada… al menos hasta ahora.
El fallo de Atlanta no resolvió el limbo de inmediato. No garantiza residencia automática ni cambia el estatus de nadie por sí solo. Pero obliga a revisar, a replantear y a seguir litigando.
Por ahora, la realidad es clara: la incertidumbre sigue. Pero para miles de cubanos, esta decisión no es una derrota. Es, como mínimo, una puerta entreabierta en medio de una batalla legal que todavía está lejos de terminar.
