El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rompió el silencio oficial con una frase que ya resulta casi automática en el vocabulario del poder en la Isla: una supuesta “investigación rigurosa” tras el enfrentamiento armado en aguas cubanas que dejó cuatro muertos.
Desde su cuenta en X, el ministro recurrió al guion habitual. Habló de infiltraciones, de agresiones históricas y de amenazas externas. Un libreto repetido durante décadas cada vez que ocurre un episodio sensible para el régimen.
Según Rodríguez, Cuba ha enfrentado acciones hostiles provenientes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo humano y material. Sin embargo, más allá de la retórica política, no ofreció un solo dato concreto que permita entender qué ocurrió realmente en el incidente de Villa Clara.
El choque armado se produjo en la zona noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones. Un punto geográfico que, de la noche a la mañana, pasó de ser un lugar desconocido para la mayoría a convertirse en centro de atención mediática.
La versión oficial del Ministerio del Interior sostiene que una lancha con matrícula de Florida fue detectada dentro de aguas territoriales cubanas. Acto seguido, siempre según la narrativa estatal, la embarcación habría abierto fuego contra una unidad de Tropas Guardafronteras.
Como consecuencia del intercambio de disparos, las autoridades reportaron cuatro fallecidos y seis heridos. También indicaron que el comandante de la nave cubana resultó lesionado. Todo bajo la única fuente disponible: el propio gobierno cubano.
Y ahí es donde empiezan los problemas.
Hasta ahora, La Habana no ha publicado pruebas verificables, grabaciones, imágenes ni testimonios independientes. Solo comunicados. Solo afirmaciones. Solo el relato oficial que, como suele ocurrir en Cuba, intenta cerrar la historia antes de que alguien haga demasiadas preguntas.
En medio de ese escenario cargado de opacidad, periodistas en Miami identificaron a uno de los fallecidos: Michel Ortega Casanova. Un joven que residía en Tampa y que, según allegados, llevaba poco tiempo en Estados Unidos.
La organización Casa Cuba de Tampa lo describió como “un patriota comprometido con la causa de la libertad”, un calificativo que contrasta frontalmente con la etiqueta de “terrorista” que el régimen intenta colocar a los involucrados.
La reacción en el exilio no se hizo esperar. La agrupación declaró días de duelo y denunció lo que considera otra maniobra propagandística del aparato estatal cubano.
En paralelo, el periodista Javier Díaz, de Univisión, fue aún más directo. Alertó sobre lo que calificó como manipulación informativa y distorsión de los hechos por parte de las autoridades de la Isla.
Según las versiones recogidas en Miami, los ocupantes de la lancha no participaban en una operación migratoria. Tampoco en un simple error de navegación. Se trataría, de acuerdo con esos testimonios, de un grupo que planeaba una acción coordinada.
Las interpretaciones divergen, pero un elemento es común en todas: la falta de información independiente.
Mientras el régimen insiste en su narrativa de amenaza externa, en Estados Unidos crece la presión política para esclarecer lo ocurrido. La ausencia de identidades oficiales, evidencias públicas y reconstrucciones verificables solo alimenta la desconfianza.
Porque en Cuba, cuando el poder habla de investigaciones “rigurosas”, la experiencia histórica obliga a leer entre líneas.
