Estados Unidos acaba de mover una pieza que puede cambiar el tablero energético en Cuba. Y no es un movimiento cualquiera.
El Departamento del Tesoro anunció que aplicará una política favorable para autorizar la reventa de petróleo venezolano destinado a la isla, siempre y cuando esas operaciones beneficien directamente al sector privado cubano y no al aparato estatal ni a las estructuras militares.
En otras palabras: combustible sí… pero sin pasar por las manos del régimen.
La información, confirmada por Reuters y respaldada por un documento oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marca una diferencia clara entre apoyar al pueblo cubano y sostener el entramado económico controlado por los militares.
La directriz, publicada bajo el apartado de sanciones a Venezuela, señala que habrá disposición para aprobar licencias específicas que permitan la reventa de crudo venezolano hacia Cuba, siempre que el destino sea el emprendimiento independiente y no las empresas vinculadas al poder.
El mensaje es directo. Washington quiere respaldar la actividad económica privada, no alimentar el sistema que controla GAESA y el resto del aparato estatal.
La OFAC explica que esta política se enmarca en lo que denomina apoyo y solidaridad con el pueblo cubano. Pero pone un límite tajante: ninguna operación puede involucrar ni beneficiar a entidades asociadas al ejército, los servicios de inteligencia o cualquier institución gubernamental incluida en la Lista Restringida del Departamento de Estado.
Y ahí es donde duele.
Porque buena parte de la economía cubana está bajo el paraguas militar. GAESA controla sectores estratégicos, desde hoteles hasta comercio exterior. Si el combustible no puede tocar esa estructura, el margen de maniobra del régimen se reduce.
El documento también aclara que las operaciones deberán alinearse con los términos de la Licencia General 46A relacionada con Venezuela. Sin embargo, introduce un matiz importante: no es obligatorio que el solicitante sea una entidad estadounidense ya establecida, y algunas limitaciones previas sobre Cuba no aplicarían en este nuevo esquema.
Esto abre una puerta técnica interesante para actores económicos que quieran operar bajo ese paraguas legal.
En paralelo, el Tesoro recordó que la exportación de petróleo de origen estadounidense hacia Cuba está regulada principalmente por el Departamento de Comercio. Bajo ciertas excepciones, como la llamada Licencia de Apoyo al Pueblo Cubano, pueden autorizarse envíos de gas y derivados del petróleo destinados a mejorar condiciones de vida y fomentar actividad económica independiente.
Traducido al lenguaje llano: si el combustible ayuda al cubano de a pie y no al sistema represivo, puede avanzar.
La distinción entre petróleo venezolano y estadounidense también es relevante. En el caso del crudo venezolano, se trata de una reventa autorizada bajo licencias específicas. En el caso del petróleo de origen estadounidense, la normativa ya contempla mecanismos que no requieren autorización independiente de la OFAC cuando cumplen con las excepciones establecidas.
Todo esto ocurre en medio de una crisis energética severa en Cuba, con apagones constantes, generación eléctrica colapsada y dependencia crónica del petróleo importado. La caída del suministro venezolano dejó al régimen sin uno de sus principales salvavidas.
La jugada de Washington parece clara: fortalecer al sector privado como alternativa económica real y debilitar el monopolio energético del aparato militar.
Queda por ver cómo reaccionará La Habana. Porque aceptar combustible bajo condiciones que excluyen al poder militar implica, en la práctica, reconocer que el modelo actual no funciona.
