La presión de Washington sobre el aparato económico del castrismo sigue subiendo de temperatura. Este jueves, el Departamento de Estado de EE.UU. lanzó un nuevo golpe contra GAESA, el gigantesco conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana, y fijó una fecha límite para que empresas extranjeras rompan relaciones con el grupo si no quieren exponerse a sanciones.
La advertencia fue clara: hasta el 5 de junio de 2026 hay tiempo para cerrar operaciones con GAESA. Después de esa fecha, cualquier compañía, banco o institución financiera extranjera que siga haciendo negocios con el entramado militar cubano podría terminar sancionada por Washington.
La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, dentro de la nueva ofensiva económica de la administración republicana contra La Habana.
Y el mensaje dejó claro que esto apenas empieza.
Rubio adelantó que en las próximas semanas podrían llegar nuevas sanciones contra el régimen, mientras la Casa Blanca intensifica una estrategia destinada a cortar el flujo financiero que sostiene a la cúpula militar cubana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que durante este período de gracia no pretende castigar a empresas extranjeras que estén cerrando operaciones normales con GAESA o con compañías controladas por el conglomerado.
Pero una vez llegue junio, el escenario cambia completamente.
Desde ese momento, cualquier negocio con GAESA podría convertirse en una bomba financiera para bancos, inversionistas o empresas extranjeras que quieran seguir apostando por Cuba.
Incluso antes de vencer el plazo, Washington advirtió que mover activos, esconder propiedades o transferir recursos vinculados al conglomerado militar podría activar sanciones inmediatas.
Junto a GAESA, Estados Unidos también sancionó a Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del grupo y general de brigada de las FAR, además de Moa Nickel S.A., la empresa minera asociada a la canadiense Sherritt International.
El Departamento de Estado definió a GAESA como “el núcleo del sistema comunista cleptocrático cubano”, acusándolo de controlar cerca del 40 % de la economía de la Isla y de operar como una gigantesca maquinaria financiera al servicio de la élite militar.
Según Washington, los ingresos del conglomerado llegarían a triplicar el presupuesto oficial del Estado cubano, mientras miles de millones de dólares habrían terminado ocultos en cuentas extranjeras lejos del alcance del pueblo cubano.
Rubio defendió la decisión con un mensaje durísimo: “La Administración Trump está tomando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista cubano del acceso a activos ilícitos”.
Y el impacto no demoró ni horas.
La minera canadiense Sherritt International anunció inmediatamente la suspensión de todas sus operaciones directas en Cuba y comenzó la evacuación de sus empleados extranjeros. La compañía reconoció que las nuevas medidas hacen prácticamente imposible seguir funcionando normalmente dentro de la Isla.
El golpe llega en el peor momento posible para el régimen.
Sherritt aporta entre el 10 % y el 15 % de la generación eléctrica independiente de Cuba, justo cuando el país vive apagones brutales de hasta 25 horas diarias y un colapso energético que ya tiene a millones de cubanos al límite.
Mientras tanto, la administración Trump sigue endureciendo el cerco económico. Desde enero de 2026, Washington ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano y ha interceptado varios tanqueros petroleros destinados a la Isla, reduciendo drásticamente las importaciones de combustible.
El nuevo programa de sanciones además amplía el alcance de las medidas estadounidenses mucho más allá de Cuba, apuntando directamente a bancos, socios comerciales y compañías internacionales que sirvan de oxígeno financiero al sistema militar cubano.
Aun así, el Departamento de Estado dejó una puerta entreabierta en su comunicado final, asegurando que el objetivo de las sanciones “no es castigar”, sino forzar un cambio de comportamiento del régimen.