El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó este jueves una de las acusaciones más fuertes realizadas hasta ahora contra el aparato económico de la dictadura cubana al anunciar nuevas sanciones directas contra Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el gigantesco emporio controlado por las Fuerzas Armadas.
Rubio describió a GAESA como el centro de un sistema “comunista cleptocrático” que habría acumulado hasta 20 mil millones de dólares en activos ilícitos ocultos en el extranjero, mientras dentro de Cuba la población sobrevive entre apagones, hambre y una crisis que no deja respirar a nadie.
Según el comunicado emitido por el Departamento de Estado, el conglomerado militar controla al menos el 40% de la economía cubana y genera ingresos que, según Washington, podrían incluso triplicar el presupuesto oficial del Estado cubano.
Pero lo más explosivo del anuncio no fue solo la cifra multimillonaria, sino la acusación de que todo ese dinero no está destinado al bienestar del pueblo cubano, sino a sostener a la élite del régimen y sus redes de privilegios.
“El sistema fue diseñado para beneficiar exclusivamente a las élites corruptas”, sostiene el comunicado estadounidense, dejando claro que el objetivo ya no es solo presionar políticamente al castrismo, sino golpear directamente el músculo financiero de la cúpula militar.
Junto a GAESA también fue sancionada Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada de las FAR y actual presidenta ejecutiva del conglomerado. Washington la señala como una de las responsables de manejar los activos financieros ocultos del régimen en el extranjero.
La medida también alcanzó a Moa Nickel S.A. (MNSA), empresa vinculada a la explotación de níquel en asociación con la canadiense Sherritt International.
Estados Unidos acusa a la compañía de operar utilizando bienes originalmente confiscados a ciudadanos y empresas estadounidenses tras las expropiaciones impulsadas por la revolución cubana.
Las sanciones fueron aplicadas bajo una nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, que autoriza el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones con entidades vinculadas al régimen cubano.
Y el golpe financiero se sintió rápido.
Las acciones de Sherritt International se desplomaron alrededor de un 30% apenas se conoció el anuncio. La compañía suspendió inmediatamente su participación directa en la empresa conjunta y comenzó a retirar a sus empleados canadienses de la isla.
Pero la historia se pone todavía más incómoda para La Habana con otro detalle revelado por Washington.
Según los reportes, la hermana de Ania Lastres Morera reside en Florida y estaría vinculada a negocios inmobiliarios, un dato que añade más presión política y mediática sobre las conexiones internacionales del entorno de GAESA.
Las sospechas sobre las enormes fortunas ocultas del conglomerado militar no son nuevas. Ya en agosto de 2025, una filtración de documentos financieros mostró que GAESA mantenía más de 14 mil millones de dólares depositados en cuentas bancarias extranjeras sin identificar hasta marzo de 2024.
Aquella revelación disparó dudas incluso entre analistas internacionales sobre si el régimen cubano mintió deliberadamente acerca de su incapacidad para pagar su gigantesca deuda externa, estimada en más de 28 mil millones de dólares.
Rubio también vinculó las nuevas sanciones al respaldo político y militar de Cuba a Rusia en la guerra contra Ucrania. Según inteligencia estadounidense citada por el secretario de Estado, La Habana habría desplegado más de 18 mil efectivos vinculados al conflicto.
“A solo 145 kilómetros de Estados Unidos, el régimen cubano convirtió la isla en una plataforma para operaciones militares, de inteligencia y actividades vinculadas al terrorismo”, afirmó Rubio.
La ofensiva forma parte de una estrategia mucho más amplia impulsada por Washington desde inicios de 2026.
En enero, Estados Unidos reincorporó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Luego, en marzo, sancionó a otras 20 empresas relacionadas con las FAR. Desde 2022, más de medio centenar de funcionarios y entidades cubanas han sido castigados por motivos similares.
Mientras tanto, economistas independientes como Pavel Vidal llevan tiempo advirtiendo que cualquier reforma económica seria en Cuba pasa obligatoriamente por desmontar el monopolio militar de GAESA y transferir el control económico a estructuras civiles transparentes.
Pero dentro de la isla el panorama sigue siendo el mismo: una economía quebrada, una élite militar controlando hoteles, bancos, puertos y dólares, y un pueblo cada vez más empobrecido viendo cómo el régimen culpa a las sanciones de un desastre que lleva décadas fabricando con sus propias manos.
Y por lo visto, Washington todavía no ha terminado.
Rubio cerró su mensaje con una advertencia que en La Habana seguramente no cayó nada bien: “Vendrán más sanciones en los próximos días y semanas”.