Miguel Díaz-Canel salió este jueves a reaccionar a la nueva ofensiva de Washington contra el aparato económico del régimen cubano, y aunque trató de envolver el mensaje en la típica retórica revolucionaria de siempre, terminó admitiendo algo que ya millones de cubanos sienten en carne propia: las sanciones están golpeando fuerte y la situación del país se sigue deteriorando.
En un mensaje publicado tras el anuncio de las nuevas medidas estadounidenses, el gobernante reconoció que las sanciones “agravan la situación ya difícil” de Cuba. Eso sí, acto seguido intentó vender el libreto habitual asegurando que también fortalecen la supuesta “determinación” de defender “la Patria, la Revolución y el Socialismo”. El mismo discurso gastado mientras la isla sigue hundida entre apagones, miseria y desesperación.
La nueva ronda de sanciones fue anunciada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo.
Las medidas apuntan directamente a GAESA, el gigantesco conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana, junto a su presidenta Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa minera estatal Moa Nickel S.A. Según Washington, GAESA funciona como el verdadero pulmón financiero del poder militar cubano y maneja entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla.
Rubio no se anduvo con rodeos y definió a GAESA como “el corazón del sistema cleptocrático cubano”, dejando claro que la estrategia de presión apenas comienza. También advirtió que en los próximos días podrían anunciarse nuevas sanciones contra más figuras y entidades vinculadas al régimen.
Como era de esperar, Díaz-Canel respondió hablando de “agresión unilateral” y “perniciosa interferencia imperialista”. Según él, Cuba solo quiere “vivir en paz y decidir su destino”. Pero mientras desde el Palacio de la Revolución repiten consignas, la realidad en la calle cuenta otra historia muy distinta, asere.
La narrativa agresiva del régimen se ha intensificado desde inicios de mayo. El sábado pasado Díaz-Canel aseguró que “ningún agresor encontrará rendición en Cuba”, y apenas un día después habló incluso de una supuesta “agresión militar inminente” de Estados Unidos durante un evento internacional de apoyo al castrismo.
Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla también salió en defensa del aparato gobernante, calificando las declaraciones de Rubio de “cínicas, hipócritas y mentirosas”. Además, describió las sanciones como medidas “ilegales y abusivas” con una supuesta “intención genocida”, repitiendo el discurso victimista que el régimen lleva décadas explotando cada vez que la presión internacional le toca el bolsillo.
Sin embargo, el impacto económico fue inmediato. La compañía canadiense Sherritt International, socia clave de Moa Nickel, anunció la suspensión de todas sus operaciones en Cuba. También informó la renuncia de su junta directiva y el inicio de la evacuación de empleados extranjeros. Mientras tanto, sus acciones se desplomaron un 30% en apenas una jornada.
Washington además fijó como fecha límite el próximo 5 de junio para que empresas e instituciones financieras extranjeras rompan vínculos comerciales con GAESA o enfrenten sanciones secundarias. Y ahí es donde el nerviosismo dentro del aparato castrista empieza a crecer de verdad.
Estas medidas llegan en medio de una campaña de máxima presión que ya acumula más de 240 sanciones contra el régimen cubano desde enero de 2026. A eso se suma la interceptación de varios tanqueros destinados a la isla y una caída brutal de las importaciones energéticas.
El panorama interno, mientras tanto, se sigue desplomando. Los apagones alcanzan ya hasta 25 horas diarias en gran parte del país, afectando a más de la mitad del territorio nacional. La economía cubana, según proyecciones internacionales, podría contraerse entre un 6,5% y un 7,2% este año, profundizando todavía más una crisis que tiene a millones de familias sobreviviendo literalmente al día.