A pesar de haber seguido al pie de la letra los pasos exigidos por la Ley de Ajuste Cubano, al menos siete familias cubanas que cruzaron la frontera durante la administración Biden se enfrentan hoy a un muro inesperado: la negación de sus solicitudes de residencia permanente en Estados Unidos. Y lo más doloroso es que la razón que les dan roza lo absurdo.
Estas familias, que entraron al país con sus hijos menores y fueron liberadas bajo el estatus de parole, cumplieron el año y un día requerido por la ley. No tienen antecedentes penales ni en Cuba ni en territorio estadounidense. Sin embargo, la respuesta de las autoridades migratorias ha sido un portazo en la cara.
¿Tráfico humano por ser padres?
Lo que ha dejado a todos boquiabiertos es el argumento usado por USCIS para rechazar sus casos: los acusan de haber “traficado” con sus propios hijos. Sí, así mismo. Según los documentos que recibieron, llevar a sus niños pequeños consigo durante el cruce fronterizo equivale a “asistir en la entrada ilegal de un menor”, lo cual los hace “inadmisibles”.
“Eso no es tráfico humano, es protección maternal”, dijo con la voz quebrada Irianna Gilimas Matamoros, una de las madres afectadas, en declaraciones a Univision. Su caso no es único. Otra madre, identificada como Betsy, aseguró que todas las familias terminaron con la misma respuesta: residencia denegada.
Lo más contradictorio del asunto es que, aunque a los padres se les niega el estatus legal, a los hijos que vinieron con ellos sí se les ha aprobado la residencia. ¿Cómo se explica eso? Es como si el sistema dijera: “El niño puede quedarse, pero tú, que lo trajiste y cuidaste, no”.
Una injusticia con todas las letras
“Nosotros no hemos cometido ningún crimen, vinimos huyendo de una dictadura, buscando una vida mejor para nuestros hijos”, explicó otra madre. Ella y su esposo entraron con su hija de cinco años y recibieron parole por 60 días. Cumplieron todo lo requerido para ajustar su estatus… y aun así les cerraron la puerta.
El reconocido abogado de inmigración Wilfredo Allen, quien representa a varias de estas familias, está tan sorprendido como indignado. “Esto no es tráfico de personas. No es un delito criminal. Están usando una interpretación extrema de la ley para castigarlos injustamente”, denunció.
Un limbo legal que desespera
Aunque Allen se muestra positivo y confía en que los casos se resolverán en la Corte, lo cierto es que las familias están viviendo una pesadilla de incertidumbre. Algunos ya han perdido su permiso de trabajo, lo cual complica aún más su situación.
Las apelaciones ya fueron presentadas, incluso se solicitaron perdones migratorios, pero hasta el momento, las autoridades han determinado que no califican para ese tipo de alivio legal.
Mientras tanto, estas familias cubanas —que lo arriesgaron todo por el llamado sueño americano— siguen esperando justicia. Y lo único que piden es lo que cualquier padre quiere: la oportunidad de construir un futuro digno para sus hijos sin ser tratados como criminales por protegerlos.
