El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sorprendió este jueves al reconocer públicamente que el régimen está dispuesto a trabajar junto a la Iglesia Católica para canalizar los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria ofrecidos por Estados Unidos.
La declaración fue publicada en Facebook y marca un giro político evidente dentro de La Habana. Apenas dos días antes, el propio Rodríguez había salido en redes sociales calificando esa misma propuesta como una “fábula” y una “mentira de 100 millones de dólares”, asegurando incluso que no existía ninguna oferta formal sobre la mesa.
Ahora el tono cambió completamente.
Según el canciller, el gobierno cubano “no tiene inconvenientes” en colaborar con la Iglesia Católica y está dispuesto a escuchar cómo funcionaría el mecanismo de distribución de la ayuda.
El cambio de postura llega justo después de que el Departamento de Estado reiterara oficialmente la propuesta y dejara muy claro que los fondos serían manejados exclusivamente mediante la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, dejando fuera al Estado cubano.
Y ahí está el verdadero punto sensible del asunto.
Washington fue directo: el régimen debe decidir si acepta la ayuda o si asume públicamente la responsabilidad de impedir que llegue asistencia vital a millones de cubanos golpeados por apagones, hambre y escasez extrema.
La administración estadounidense tiene razones de sobra para desconfiar de la estructura estatal cubana. Después del paso del huracán Melissa en octubre de 2025, Estados Unidos ya había canalizado millones de dólares mediante Cáritas Cuba sin que el gobierno tocara un centavo.
Ese modelo permitió beneficiar directamente a miles de familias afectadas en provincias orientales mientras el régimen quedaba completamente al margen de la distribución.
Y precisamente ese esquema es el que ahora Washington quiere ampliar a gran escala con los 100 millones de dólares anunciados recientemente por Marco Rubio desde Roma, tras reuniones en el Vaticano.
En su publicación, Bruno Rodríguez intentó mantener el discurso tradicional del régimen y calificó de “incongruente” la supuesta generosidad de Estados Unidos, insistiendo otra vez en la narrativa de la “guerra económica” contra Cuba.
También pidió que cualquier ayuda esté libre de “maniobras políticas”, mientras volvía a reclamar el levantamiento de las sanciones económicas y energéticas impuestas por Washington.
Pero la realidad es que el régimen se encuentra atrapado políticamente.
Aceptar la oferta implica reconocer la legitimidad de un canal independiente controlado por la Iglesia y organizaciones humanitarias, sin supervisión estatal directa. Rechazarla, por otro lado, significaría cargar con el costo político internacional de impedir ayuda masiva en medio de la peor crisis vivida por Cuba en décadas.
Mientras tanto, otros funcionarios del gobierno continúan reaccionando con mucha más agresividad. Carlos Fernández de Cossío calificó la propuesta como un “sucio negocio político”, mientras diplomáticos cubanos en Europa llegaron a llamar “limosnas” a la ayuda humanitaria.
Incluso Miguel Díaz-Canel acusó recientemente a Estados Unidos de intentar convertir al pueblo cubano en “rehén” político.
Todo esto ocurre mientras Cuba atraviesa apagones históricos, termoeléctricas colapsadas, falta de combustible y una crisis económica que ya golpea directamente la alimentación, los hospitales y la vida diaria de millones de personas.
Desde enero de 2026, la administración de Donald Trump ha endurecido significativamente la presión sobre La Habana mediante sanciones económicas y restricciones energéticas que han reducido drásticamente las importaciones de combustible hacia la Isla.
En medio de ese escenario, el congresista Carlos Giménez lanzó una acusación durísima contra el régimen, afirmando que el verdadero interés de las autoridades cubanas es apropiarse de la ayuda para luego revenderla al propio pueblo.