La presión sobre el régimen cubano sigue subiendo de temperatura y esta vez el nombre de Raúl Castro volvió a colocarse en el centro del huracán político en Washington. Durante su regreso a Estados Unidos a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump evitó confirmar o negar los reportes sobre una posible acusación penal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas cubanas, pero dejó frases que en La Habana deben haber caído como un cubo de agua fría.
Cuando periodistas le preguntaron sobre las informaciones que apuntan a una acción del Departamento de Justicia contra el general retirado, Trump prefirió esquivar una respuesta directa. “No quiero comentar sobre eso ahora. Dejaré que el Departamento de Justicia hable cuando corresponda”, expresó el mandatario.
Pero acto seguido lanzó un golpe político demoledor contra el castrismo. “Cuba es un país en decadencia”, afirmó Trump, describiendo a la isla como una nación en caída libre. “Tenemos mucho que discutir sobre Cuba, pero quizás este no sea el momento”, añadió.
Las declaraciones llegan apenas un día después de que CBS News revelara que el Departamento de Justicia estaría avanzando en una posible acusación criminal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, uno de los episodios más oscuros y condenados internacionalmente en la historia reciente del régimen cubano.
Aquel 24 de febrero de 1996, cazas MiG-29 de la dictadura cubana destruyeron dos avionetas civiles desarmadas sobre aguas internacionales. El ataque acabó con la vida de los cubanoamericanos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus cuerpos jamás fueron recuperados.
La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó posteriormente que las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano, desmontando durante años la narrativa oficial del régimen.
En aquel momento, Raúl Castro era el jefe de las Fuerzas Armadas y uno de los hombres más poderosos de la cúpula comunista. Además, documentos desclasificados del FBI revelaron la existencia de una operación planificada días antes del ataque bajo el nombre de “Operación Venecia”, diseñada específicamente para destruir las avionetas.
Mientras tanto, el cerco político y judicial sobre La Habana sigue cerrándose. En marzo de 2026, la Fiscalía General de Florida reabrió formalmente la investigación criminal del caso, y figuras como el senador republicano Rick Scott junto a congresistas cubanoamericanos exigieron públicamente que Raúl Castro sea llevado ante la justicia estadounidense.
La presión no se limita únicamente al plano judicial. En medio del colapso económico cubano, los apagones masivos y las crecientes protestas populares, Washington también envió recientemente una señal directa al régimen. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y sostuvo reuniones con altos cargos del MININT y con el nieto de Raúl Castro, dejando claro que Estados Unidos solo está dispuesto a dialogar si el régimen realiza “cambios fundamentales”.
Otro dato que encendió alarmas en el oficialismo fue el arresto, en noviembre de 2025, del ex piloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, acusado de haber participado directamente en el derribo de las avionetas.
Aunque cualquier acusación formal contra Raúl Castro tendría principalmente un enorme peso político y simbólico —sobre todo porque no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos—, el simple hecho de que el caso vuelva a tomar fuerza representa un golpe durísimo para una dictadura que atraviesa posiblemente su momento más frágil en décadas.