El régimen cubano volvió a dejar escapar otra confesión que hace apenas unos años habría sido impensable en una reunión oficial. Esta vez fue el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga quien reconoció públicamente que los métodos tradicionales utilizados por el gobierno ya no están funcionando para enfrentar el desastre económico que vive el país.
La declaración ocurrió este sábado durante una sesión ordinaria del Consejo de Ministros encabezada por Miguel Díaz-Canel y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Y aunque el lenguaje oficial intentó maquillarlo como un llamado a “buscar nuevas iniciativas”, lo que realmente quedó claro fue otra cosa: el propio régimen ya admite que su modelo económico está agotado.
Pérez-Oliva reconoció directamente que las fórmulas tradicionales aplicadas durante décadas no están resolviendo absolutamente nada y pidió pensar más allá de los límites burocráticos de las empresas estatales.
En otras palabras, después de más de 60 años de centralización, controles absurdos y planificación fallida, el gobierno empieza a aceptar —aunque sea entre líneas— que el sistema que ellos mismos construyeron ya no tiene respuestas para sacar al país del abismo.
Pero mientras algunos funcionarios intentan sonar reformistas, la realidad sigue golpeando durísimo.
Durante la reunión, el régimen presentó los resultados del llamado Programa Económico y Social 2026, una montaña de metas, promesas y documentos oficiales que otra vez chocan con la vida real del cubano de a pie.
De los 81 objetivos aprobados por el gobierno, apenas 32 han sido implementados completamente. El resto sigue “en proceso”, una frase que en Cuba casi siempre significa atraso, improvisación o incumplimiento.
El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, confirmó además que la inflación continúa disparada. Los precios siguen subiendo y los alimentos en los mercados no estatales aumentaron casi un 32 % en apenas tres meses, golpeando especialmente a La Habana.
Mientras tanto, el cubano sigue cobrando salarios miserables que desaparecen en dos o tres compras.
El propio gobierno reconoció también problemas graves en las inversiones estatales por falta de combustible, acero, cemento y financiamiento. O sea, prácticamente falta todo.
Y aunque el régimen intentó vender algunos avances energéticos con nuevos parques solares y reparaciones parciales en termoeléctricas, la realidad sigue siendo la misma: apagones interminables, déficit eléctrico y una infraestructura totalmente colapsada.
Lo más llamativo es el contraste entre este reconocimiento y el discurso oficial que el castrismo ha repetido durante años.
Hace apenas unos días, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla insistía en que Cuba no es un Estado fallido ni ineficaz, sino simplemente un país “asediado” por sanciones externas.
Pero ahora el propio viceprimer ministro prácticamente admite que el problema también está dentro del sistema.
Y ya ni siquiera logran esconderlo.
La economía cubana acumula una caída cercana al 23 % desde 2019 y las proyecciones para 2026 siguen siendo negativas. A eso se suma el éxodo masivo de cientos de miles de cubanos que han abandonado la Isla huyendo precisamente de ese modelo que el gobierno insiste en mantener vivo.
Díaz-Canel también había prometido recientemente menos burocracia y una reducción de ministerios antes de mediados de 2026, intentando vender la idea de una supuesta modernización estatal. Pero para muchísimos cubanos, el problema ya no es cuántos ministerios existen.
El problema es que nadie cree en el sistema.
Una encuesta nacional reciente reflejó un rechazo demoledor hacia el gobierno: más del 90 % de los consultados aseguró sentirse profundamente insatisfecho con la situación del país, mientras prácticamente nadie quiere que el modelo actual continúe igual.
Y ahí está la gran contradicción del momento.
El régimen ya sabe que sus métodos no funcionan. Sus propios dirigentes lo están diciendo públicamente.
Pero aun así, siguen intentando salvar exactamente el mismo sistema que llevó a Cuba al colapso.