En medio del discurso de “tolerancia cero”, el régimen cubano volvió a sacar pecho con otro juicio “ejemplarizante”. Esta vez, el Tribunal Provincial de Holguín condenó a 14 años de prisión a un hombre acusado de cultivar y vender marihuana en la zona de Jagüeyes de Puerto Rico, en Banes.
Según la versión oficial, el caso se venía investigando desde 2025, cuando las autoridades comenzaron a seguirle los pasos al acusado bajo el llamado “Caso Jagüeyes”. La detención ocurrió en mayo de ese mismo año, cuando agentes lo sorprendieron escondido cerca de un sembrado.
En el lugar, siempre según la policía, encontraron más de 400 plantas de cannabis, además de dinero en efectivo. Con esos elementos, el tribunal aplicó el peso completo del Código Penal y justificó la condena dentro de su política antidrogas.
Pero más allá del show judicial, hay un punto que no cuadra. Mientras el régimen presume de estos castigos duros, la realidad en la calle es otra: el tráfico y consumo de drogas en Cuba va en aumento.
El propio fallo reconoce que el acusado tenía antecedentes, lo que agravó su situación. A eso se suman otras sanciones como la pérdida de derechos civiles y la prohibición de salir del país por el mismo período de la condena.
Desde la narrativa oficial, todo se presenta como un proceso limpio y “con garantías legales”. Pero muchos se preguntan si estos juicios realmente atacan el problema de raíz o solo sirven como propaganda para aparentar control.
Y es que los números no engañan. En los últimos años, los casos relacionados con drogas han crecido de forma alarmante en la isla. A pesar de operativos, detenciones y condenas, el fenómeno no se detiene.
En Holguín, por ejemplo, ya se han visto otros procesos similares, todos vendidos como “ejemplares”. Sin embargo, el patrón se repite: más arrestos, más condenas… y más droga circulando.