El régimen cubano terminó diciendo en voz alta lo que durante años intentó esconder: su mayor temor no son las sanciones, ni las protestas, ni siquiera la crisis económica… su verdadero miedo es perder el control absoluto de la información.
Este lunes, el medio oficialista Razones de Cuba publicó un artículo donde prácticamente admite que Starlink representa una pesadilla para el aparato de vigilancia de la dictadura. Bajo el título “La guerra híbrida de Starlink contra Cuba”, el texto reconoce que la red satelital de SpaceX crea una estructura de comunicaciones “paralela e incontrolable” para el Estado cubano.
Y ahí mismo se les cayó la careta.
Según el propio artículo oficialista, la tecnología de Starlink es “inherentemente resistente” a bloqueos físicos y a la intervención gubernamental. Traducido al lenguaje de la calle: el régimen no puede apagarla, censurarla ni espiar fácilmente lo que circula por ella. Tremendo problema para una dictadura que lleva décadas viviendo de controlar lo que la gente ve, dice y comparte.
La publicación deja clarísimo qué es lo que más les preocupa. Hablan del riesgo de que los cubanos puedan coordinar protestas, compartir información libremente, conectarse con activistas en el exterior y evitar la vigilancia estatal. O sea, sin darse cuenta —o quizás dándose demasiada cuenta—, terminaron confesando que el rechazo a Starlink no tiene nada que ver con soberanía ni legalidad: tiene que ver con control político puro y duro.
Porque una red que el régimen no puede cortar es una red que puede mostrar la realidad sin filtros. Y eso, para La Habana, es dinamita.
El texto incluso asegura que las terminales Starlink están entrando a Cuba escondidas en paneles solares, televisores, piezas de carros y hasta cargamentos de comida. La narrativa parece sacada de una película de espionaje barata, pero deja ver el nivel de paranoia que existe dentro del poder.
Según cifras ofrecidas por el propio medio oficialista, durante 2025 las autoridades decomisaron más de 80 routers, 20 terminales y siete antenas Starlink. Mientras más equipos decomisan, más evidente queda que la tecnología ya está entrando a la isla y que el mercado informal sigue creciendo pese a la persecución.
La dictadura también justificó penas de entre tres y ocho años de cárcel para quienes posean estos dispositivos, apoyándose en el artículo 295.1 del Código Penal y en el polémico Decreto-Ley 35, uno de los instrumentos más criticados por organizaciones internacionales debido a su uso para censurar internet y perseguir voces disidentes.
Pero el momento más surrealista del artículo llega cuando Razones de Cuba compara una antena Starlink con “bases de lanzamiento de misiles” o sistemas de espionaje militar. Sí, así mismo. Para el régimen, una conexión libre a internet parece tan peligrosa como un arma de guerra.
Todo esto ocurre después de que Washington ofreciera formalmente instalar Starlink en Cuba como parte de una propuesta más amplia vinculada a ayuda humanitaria, liberación de presos políticos y apertura democrática. La oferta fue presentada el 10 de abril durante el primer vuelo oficial estadounidense hacia La Habana desde 2016.
Un funcionario del Departamento de Estado confirmó posteriormente que el plan incluía acceso gratuito y rápido a internet para toda la isla. La respuesta del régimen llegó nueve días después: rechazo absoluto.
No sorprende. El castrismo lleva años demostrando que internet libre le produce auténtico terror. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, ETECSA ejecutó apagones masivos de conexión para impedir que circularan imágenes de las manifestaciones y para cortar la coordinación entre ciudadanos. Aquello fue documentado por organizaciones como NetBlocks y Access Now.
Ahora el problema para la dictadura es mayor. Porque Starlink ya alcanza territorio cubano. Elon Musk lo confirmó en marzo cuando aseguró que el servicio “funciona en Cuba, solo que no puede venderse oficialmente allí”.
Mientras tanto, los equipos siguen moviéndose por debajo de la mesa en el mercado negro cubano, donde llegan a venderse entre 1,300 y 2,000 dólares. Un precio altísimo para el cubano promedio, sí, pero también una señal de algo más profundo: la gente está dispuesta a pagar una fortuna por escapar del apagón digital impuesto por el régimen.