La crisis cubana acaba de recibir otro golpe durísimo. La minera canadiense Sherritt International Corporation, uno de los socios extranjeros más importantes que le quedaban al régimen, anunció este jueves la suspensión de su participación directa en todas sus empresas conjuntas en Cuba y comenzó a sacar del país a sus trabajadores extranjeros.
La decisión llega apenas días después de la nueva Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo, una medida que endureció todavía más el cerco financiero contra las estructuras económicas del castrismo.
Y esta vez el impacto no es simbólico. El régimen pierde a su principal aliado minero internacional y también una parte importante de su generación eléctrica, justo cuando el país vive apagones salvajes, colapso energético y una economía prácticamente en terapia intensiva.
Según reportes divulgados por Bloomberg y otros medios internacionales, tres altos directivos de Sherritt abandonaron también sus cargos de inmediato: Brian Imrie, Richard Moat y Brett Richards. La señal fue clarísima: el panorama cubano se volvió demasiado tóxico incluso para quienes llevaban más de 30 años haciendo negocios con La Habana.
La nueva orden firmada por Trump incluye sanciones secundarias contra bancos e instituciones financieras extranjeras que mantengan vínculos con entidades cubanas sancionadas. Y ahí fue donde se encendieron todas las alarmas dentro de Sherritt.
La compañía depende del sistema financiero internacional para operar, mover capital y sostener inversiones. Seguir amarrada al régimen cubano comenzó a representar un riesgo demasiado alto.
Antes del anuncio definitivo, la empresa ya había dejado caer pistas. Días atrás emitió un comunicado admitiendo que estaba revisando “las implicaciones” de las nuevas sanciones y evaluando qué pasos tomar respecto a sus negocios en Cuba.
Pero la realidad venía golpeando desde mucho antes.
En febrero, Sherritt ya había tenido que detener operaciones en la mina de Moa, en Holguín, por falta de combustible. Sí, la misma dictadura que presume de “resistencia” ya ni siquiera puede garantizar energía para sostener sus industrias estratégicas.
La relación entre Sherritt y Cuba comenzó en los años noventa, en pleno Período Especial, cuando el régimen abrió ciertas puertas desesperadamente buscando dinero extranjero tras el derrumbe soviético. En 1994 nació oficialmente la empresa mixta con la estatal General Nickel Company, y después llegaron inversiones en telecomunicaciones y energía mediante Energas S.A.
Pero el romance nunca estuvo libre de polémicas.
Desde hace décadas organizaciones de derechos humanos denuncian que las empresas extranjeras en Cuba operan bajo un sistema laboral profundamente abusivo. Las compañías pagan salarios en divisas al Estado cubano, mientras los trabajadores reciben migajas en pesos cubanos devaluados y sin posibilidad de sindicatos independientes.
En otras palabras: el régimen se queda con el dinero duro y el trabajador cubano sigue atrapado en la miseria.
Ni siquiera Sherritt escapó de los problemas históricos con Estados Unidos. Ya en 1996 sus ejecutivos fueron sancionados bajo la Ley Helms-Burton por operar sobre propiedades confiscadas por la revolución cubana.
Ahora, casi treinta años después, la presión volvió… pero mucho más agresiva.
Las cifras muestran el deterioro acelerado. La producción de níquel cayó drásticamente en los últimos años, mientras el Estado cubano acumula cientos de millones de dólares en deudas con la empresa canadiense.
Y en medio del caos, Canadá también comienza a sentir presión política. Sectores del exilio cubano han pedido incluso reducir relaciones diplomáticas con La Habana y cuestionan el respaldo financiero que Ottawa ha mantenido hacia el régimen durante años.
Mientras tanto, Cuba sigue hundiéndose entre apagones interminables, escasez extrema y sanciones crecientes. Desde enero de 2026, Washington ha impuesto más de 240 medidas contra el aparato castrista y logró reducir de forma brutal las importaciones energéticas de la Isla.
El resultado está a la vista: termoeléctricas colapsadas, industrias paralizadas y un país donde sobrevivir ya parece una prueba diaria de resistencia.
Ahora la gran incógnita es qué hará Sherritt cuando se agote el inventario que mantiene funcionando su refinería en Canadá hasta mediados de junio. Porque si la salida se vuelve definitiva, el golpe para La Habana podría convertirse en otro terremoto económico del que el régimen difícilmente logre recuperarse rápido.

