Cuba amaneció con un cambio que no es menor, asere. Desde este 21 de abril entró en vigor un nuevo paquete legal que transforma por completo el funcionamiento de la Aduana, y lo que se vende como “actualización” es, en realidad, un salto directo hacia más control y más presión sobre el ciudadano.
El eje de todo es el Decreto-Ley 108 “De Aduanas”, acompañado por su reglamento y varias resoluciones que, de un plumazo, eliminan más de 40 normativas anteriores, incluyendo la base legal que llevaba casi 30 años funcionando. No es un ajuste, es un rediseño total del sistema, y con un objetivo bien claro: reforzar el control estatal.
El discurso oficial, difundido por medios como Cubadebate, habla de “perfeccionamiento institucional” y de alinearse con estándares internacionales. Pero cuando uno mira el contenido real, salta a la vista que la Aduana deja de ser un ente fiscalizador para convertirse en una estructura con poderes casi policiales.
Ahora pueden inspeccionar con mayor profundidad equipajes, cargas y hasta a las personas. El nivel de supervisión sube y el margen para cuestionar baja prácticamente a cero. Todo bajo la justificación de “garantizar la seguridad de la sociedad socialista”, una frase que atraviesa toda la normativa y deja claro el enfoque político del asunto.
Y ojo con esto: la Aduana no se limita a aeropuertos y puertos. El nuevo marco legal permite controlar locales, almacenes, vehículos e incluso realizar registros en distintos espacios, ampliando su radio de acción de manera significativa. Es decir, el control no empieza ni termina en la frontera.
El poder también se concentra en la cúpula. El jefe de la Aduana General ahora tiene facultades amplísimas: puede crear o eliminar unidades, autorizar regímenes especiales y decidir directamente sobre el destino de mercancías. Desde retenerlas hasta confiscarlas o declararlas como propiedad del Estado, todo queda bajo su criterio.
Incluso, si detectan algo que consideren delito, sus actuaciones tienen el mismo peso que las de un órgano de instrucción penal. En otras palabras, la Aduana no solo controla, también puede actuar como brazo legal dentro del proceso judicial.
Otro punto que no se puede ignorar es la vigilancia tecnológica. El sistema ahora institucionaliza controles radiológicos, uso de perros especializados y cámaras en todas las áreas. Un entorno donde cada movimiento queda registrado, y donde negarse a colaborar puede costarte el viaje sin más explicaciones.
Las sanciones también suben de nivel. Se establecen infracciones “muy graves” con multas que pueden triplicar el valor de lo que lleves. Productos como drones, teléfonos satelitales o incluso materiales considerados contrarios al régimen pueden terminar en decomiso inmediato. El margen de interpretación es amplio, y eso siempre juega a favor del poder.
Pero si hay algo que va a doler especialmente es el golpe a la paquetería informal. La nueva ley limita la posibilidad de traer artículos para terceros, afectando directamente a las “mulas”, que durante años han sido un salvavidas para muchas familias. Menos opciones para ayudar, más dificultades para sobrevivir.
Todo este entramado se apoya en múltiples resoluciones que regulan cada detalle del proceso, desde la entrada de mercancías hasta su posible abandono a favor del Estado. Incluso se introduce un sistema para certificar empresas “confiables”, lo que refuerza aún más el control institucional sobre el sector económico.