En un evento de gran envergadura y detalle, varios ciudadanos cubanos radicados en Miami han sido sentenciados por un elaborado fraude al sistema de seguros de salud, estimado en más de 36 millones de dólares.
La principal responsable, Arisleidys Fernandez Delmas, de 33 años, ha recibido una pena de 104 meses en una penitenciaría federal, con tres años adicionales bajo supervisión y una compensación de 8,671,377 dólares. En este incidente, que engloba a 15 individuos, se detectó un plan bien estructurado para estafar a Blue Cross Blue Shield (BCBS) con reclamaciones de servicios fisioterapéuticos que jamás se otorgaron.
Desde 2018 hasta 2023, los involucrados en el fraude ofrecieron incentivos a personas cubiertas por planes de BCBS. Estos individuos, trabajadores de empresas como JetBlue Airways, AT&T Inc., y TJX Companies Inc., fueron convencidos para posar como pacientes en múltiples clínicas de fisioterapia en Florida. Dichas clínicas, bajo el control de los estafadores, luego enviaron reclamaciones falsas por tratamientos no necesarios o inexistentes.
Además de Fernandez Delmas, otros 11 individuos han admitido su culpa ante un tribunal federal en Florida. De ellos, Pedro Hugo Prieto Garcia y Leidys Delmas Garcia, ambos residentes de Miami, han sido sentenciados a 87 y 68 meses en prisión, respectivamente, con sanciones monetarias significativas. Otros como Julio Acosta Perez y Yohana Iriza, han recibido sentencias que oscilan entre 33 y 37 meses de prisión, acompañadas de multas considerables.
Este incidente no solo es notable por el número de participantes y el monto involucrado, sino también por la astucia y extensión del fraude. Los estafadores contrataron profesionales licenciados en masajes, algunos de los cuales también fueron sentenciados, como “directores y administradores” de las clínicas, lo que les facilitó evadir ciertas regulaciones y tratar de evitar sanciones.
El FBI en Miami lideró la investigación, y los fiscales Will J. Rosenzweig y Michael B. Homer estuvieron a cargo del proceso legal, con apoyo de Annika Miranda en la administración de sanciones. Este caso no solo es un golpe contundente al fraude médico, sino que también enfatiza la esencialidad de la vigilancia y acción legal para salvaguardar los sistemas de salud de malas prácticas.
