Treinta cubanos arrestados en La Habana tras involucrarse en el robo de 130 toneladas de pollo de un almacén del Estado

Redacción

Esta semana se ha destapado un escándalo de gran magnitud en el que se ven involucradas treinta personas acusadas de sustraer más de 130 toneladas de pollo de la empresa COPMAR en La Habana. Este hecho no solo ha impactado por la cantidad de producto robado, sino también por las implicaciones que tiene para la distribución de un alimento esencial en la canasta básica del pueblo cubano, según declaraciones del Ministerio del Interior (MININT).

El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, en un extenso reportaje, ha revelado que a los implicados se les atribuyen delitos graves como malversación, robo con fuerza, cohecho, incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas y receptación. Este incidente se detectó en la Empresa Comercializadora de Alimentos (COPMAR), aunque la fecha exacta del suceso no ha sido especificada. Lo que sí se ha confirmado es que la falta de 1,660 cajas de pollo fue notada al día siguiente del robo.

El Mayor Yunier Ocampo Suárez, del Departamento Técnico de Investigación (DTI), junto con el director general de COPMAR, Rigoberto Mustelier Sandoval, han detallado cómo inicialmente se estimó un faltante de unas 26 toneladas de pollo, cifra que tras un inventario más exhaustivo ascendió a más de 130 toneladas. Este volumen de pollo robado equivale a la provisión de la canasta básica de una provincia de tamaño mediano en Cuba, lo que subraya la gravedad del delito cometido.

La investigación ha sacado a la luz detalles inquietantes, como la manipulación de los sellos de seguridad de la cámara frigorífica y la implicación de empleados de la empresa en el esquema delictivo. La Capitana Olga Lidia Paneque Escalona y el Teniente Coronel Rafael Galera Cerrera han aportado información crucial sobre cómo se llevó a cabo el robo y la posterior venta ilícita del pollo en el mercado negro, a precios exorbitantes.

La Fiscalía General de la República ha anunciado que los implicados enfrentarán severas sanciones, que podrían llegar hasta los 20 años de privación de libertad, dada la magnitud del perjuicio causado a la sociedad cubana. Este caso no solo revela un acto de corrupción y robo a gran escala, sino que también pone de manifiesto las profundas fisuras en el sistema de distribución de alimentos y la gestión de recursos en la isla.

Este escándalo ha generado un amplio debate en la sociedad cubana, ya que el robo de una cantidad tan significativa de pollo podría explicar, en parte, la escasez de este alimento esencial en la dieta de los cubanos. Sin embargo, algunos sectores interpretan este suceso como una maniobra del gobierno para desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta el país en términos de abastecimiento y distribución de alimentos.