Régimen cubano comienza a desalojar a los habitantes de Cayo Saetía para convertir la zona en un “área exclusiva para el desarrollo del turismo”

Redacción

GAESA, el consorcio militar que controla la economía cubana, está impulsando el desalojo de los residentes de Cayo Saetía, en Holguín, para dedicar la zona exclusivamente al desarrollo del turismo en Cuba. Este lugar está destinado a convertirse en un importante destino turístico, con numerosos hoteles y visitantes foráneos, mientras se busca reducir al mínimo la cantidad de residentes locales.

El proceso de desalojo en Cayo Saetía se lleva a cabo con la promesa de reubicación en nuevos inmuebles para mejorar la calidad de vida de los afectados. Sin embargo, GAESA no siempre cumple sus promesas, lo que ha llevado a denuncias de ciudadanos como Héctor Luis Pupo Quiala, un joven que sufre de artritis reumatoide. Pupo Quiala contó a Cubanet cómo las autoridades locales están induciendo la partida “voluntaria” de los residentes para despejar el área y evitar la presencia de la comunidad local.

Aunque a Pupo Quiala y su familia se les asignó una vivienda en Antilla, para reubicarse tras el desalojo, solo recibieron una casa en lugar de las dos prometidas, lo que creó una situación insostenible para ellos. Al enfrentarse a la falta de atención médica y la falta de medicamentos adecuados en el cayo, decidió vender sus pertenencias e intentar mudarse a La Habana, pero se encontró con las mismas carencias.

El desalojo de los residentes para dar paso a proyectos turísticos se refleja en otros lugares como el poblado El Ramón de Antilla, donde familias son desplazadas para favorecer el desarrollo turístico a gran escala liderado por GAESA. La falta de opciones de empleo y los cambios en el entorno han llevado a algunos a arrepentirse de aceptar la reubicación.

Los testimonios de los habitantes de El Ramón de Antilla y las denuncias en redes sociales sobre coerción e intimidación durante los desalojos ilustran la creciente tensión entre los intereses del Estado y los derechos de los ciudadanos a permanecer en sus tierras. Este conflicto subraya la disparidad entre el desarrollo turístico y la preservación de las comunidades locales, planteando interrogantes sobre la equidad y la justicia social en las estrategias de crecimiento económico de Cuba.