El régimen cubano ha anunciado una nueva ofensiva contra los ciudadanos que no trabajan ni estudian, buscando evitar encarar la grave crisis económica e inflación actuales, que han devastado el valor del peso cubano y vuelto irrelevantes los salarios. Este nuevo movimiento parece apuntar a otro chivo expiatorio en lugar de abordar los problemas estructurales de la economía.
En el programa televisivo “Haciendo Cuba,” Humberto López, vocero del régimen, declaró sin presentar cifras que “hoy en Cuba mucha gente no estudia y no trabaja.” En un intento de dar respaldo legal a sus propuestas, el propagandista y sus invitados realizaron una interpretación sesgada de la Constitución de la República.
Lisnay Mederos Torres, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de La Habana, afirmó que aunque la Constitución no establece que trabajar sea obligatorio, sí “potencia como fuente fundamental de ingresos el trabajo (…) cuando usted no trabaja, usted se convierte en una carga para la sociedad,” y añadió que tener un empleo es “una obligación moral.” Esta declaración busca justificar la campaña bajo un manto de legalidad, aunque en realidad carece de sustento constitucional.
Ileana Gómez Guerra, magistrada y presidenta de sala del Tribunal Supremo Popular, añadió un componente represivo a esta iniciativa. Comentó que las personas que no trabajan o estudian y tienen una “conducta desajustada” pueden ser controladas por las autoridades policiales, que las obligarán a buscar empleo o regresar a la escuela. “De esa persona incumplir esas medidas, esas advertencias de manera reiterada, sí puede estar proclive a la comisión de un delito de desobediencia, que está estipulado en nuestro Código Penal,” señaló la funcionaria, anticipando el mecanismo legal que el régimen planea usar contra sus ciudadanos.
Gómez Guerra también reveló que entre enero y abril de 2024, el 97% de los acusados por desobediencia en los tribunales cubanos fueron sancionados, y apenas el 3% absueltos. Además, el 67% de los encontrados culpables recibieron penas de cárcel, aunque no especificó la cantidad exacta de personas involucradas.
El coronel Rogelio Luis Lazo, jefe del Órgano Especializado de Investigación y Proceso de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), mencionó que uno de los métodos para identificar a las personas objetivo de esta campaña punitiva es detectar a aquellos que “no justifican de forma lícita los ingresos personales que garanticen una solvencia económica.” Estos individuos son vistos como proclives a la comisión de delitos, ilegalidades e indisciplina social. Lazo instó a los cubanos a delatar a sus vecinos, sugiriendo que las llamadas organizaciones de masas, estructuras oficialistas, juegan un papel crucial en estas labores de delación.
Lazo destacó que la Policía necesita “información de la persona que se dedica a estas conductas, las personas que perturban el orden. Darle esa información al jefe de sector, al representante del Partido Comunista, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres de Cuba…” y aseguró que las autoridades preservarán la identidad del denunciante para evitar represalias.
El Código Penal de Cuba prevé para el delito de desobediencia penas de cárcel de seis meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas. Este marco legal se presenta como la herramienta principal para implementar la nueva ofensiva del régimen.
Este mismo mes, el Gobierno de Santiago de Cuba anunció una campaña para censar a los residentes de esa provincia que ni trabajan ni estudian. A mediados de enero, el perfil oficialista “Fuerza de Pueblo” reveló que el MININT estaba llevando a cabo reuniones profilácticas con cubanos considerados “potenciales delincuentes” para “fomentar” su “capacidad reflexiva” y otorgarles “la posibilidad de cambiar e insertarse a la sociedad.” Fotos de cubanos, que no estaban siendo procesados por ningún delito pero que son descritos como proclives a cometerlos, fueron exhibidas en el perfil de Facebook, que opera como un brazo del MININT y la Seguridad del Estado.
