¿Control Total? La Controversial Política de Delación Anónima en Cuba

Redacción

En el más reciente programa de Humberto López, el conocido vocero del régimen castrista y conductor del espacio televisivo Hacemos Cuba, se lanzó un llamado a la “chivatería general”. Esta estrategia de delación anónima en los barrios busca afianzar el control social por parte del régimen comunista, utilizando a la misma población como herramienta de vigilancia.

El coronel Rogelio Luis Lazo, del Ministerio del Interior (Minint), explicó que la población cubana tiene a su disposición una amplia gama de opciones para delatar a sus conciudadanos que no tengan una vinculación laboral o académica y presenten conductas consideradas “antisociales”. “Como principio, se preserva la identidad de las personas que colaboren con la información para denunciar estas conductas”, enfatizó, asegurando el anonimato de los delatores.

Ante la pregunta consentida de Humberto López sobre quiénes recibirían la información de las delaciones, el coronel del Minint detalló que los encargados de recibir las denuncias incluyen a “cualquiera de los integrantes del grupo de prevención sectorial (jefe de sector), representantes del Partido Comunista (PCC), los CDR o la FMC”. Esta red amplia de receptores asegura que la información llegue a múltiples niveles de control social.

Recientemente, un artículo publicado en el órgano oficial del PCC pareció servir como guía para la implementación de esta política de control social. En dicho artículo, se advertía que los “antisociales” podrían ser detenidos en prisión provisional hasta que se instruya un caso penal y sean juzgados por desobediencia, mostrando una escalada en la represión del régimen sobre los ciudadanos cubanos.

Proceso Escalonado de Represión

El proceso de represión descrito en el artículo se desarrolla en varias etapas. En un primer contacto, la policía llama a la persona para informarle que se tiene conocimiento de que no estudia ni trabaja, y que existen reportes sobre su conducta antisocial. Luego, se realiza una dinámica familiar en la que se involucra a los familiares del individuo, explicándoles las características y la conducta de la persona en el barrio. La familia es instada a asumir la responsabilidad de ayudar a que la persona se reincorpore al estudio y al trabajo.

Si la conducta del individuo no cambia, se le hacen llamadas de atención profilácticas y educativas por parte del grupo de prevención social. Estas llamadas se realizan de forma escalonada y priorizada, según la gravedad de la conducta. Si estas acciones no surten efecto, se emite una advertencia oficial respaldada por el código penal, indicando que la persona está desobedeciendo las medidas impuestas y que su comportamiento es proclive a delinquir.

En caso de persistir la conducta antisocial, se formula una denuncia por desobediencia, y la policía puede detener a la persona por 24 horas mientras se solicita la medida cautelar de prisión provisional. La fiscalía toma el control de la investigación, dicta medidas cautelares y participa en las diligencias, determinando la situación procesal del individuo e imponiendo medidas cautelares como prisión provisional o alternativas como fianza, reclusión domiciliaria o servicio comunitario.

Medidas Provinciales y Centrales

En respuesta a la creciente crisis económica y los prolongados apagones de hasta 20 horas al día, el régimen teme el desarrollo de protestas masivas. Para prevenir cualquier intento de organización “contrarrevolucionaria”, varios dirigentes provinciales están tomando medidas adicionales para mantener el control. Por ejemplo, Manuel Falcón Hernández, el recién designado gobernador de Santiago de Cuba, anunció un levantamiento exhaustivo de información en cada vivienda para identificar la situación laboral y educativa de sus habitantes, con informes detallados a nivel de circunscripción y consejo popular.

En la misma línea, el presidente Miguel Díaz-Canel, durante una visita a Baracoa, enfatizó la necesidad de reprimir a los “vagos, desvinculados del estudio y el trabajo” para evitar las protestas previstas para el verano, cuando se espera que la crisis energética se agrave aún más.

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