Durante una audiencia clave en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue claro y directo: la crisis cubana no puede seguir ignorándose. En su intervención, aprovechó para poner sobre la mesa la preocupación de Washington por los regímenes autoritarios que aún respiran en el hemisferio occidental, con Cuba entre los protagonistas de esa lista negra.
Rubio, que presentó el presupuesto del Departamento de Estado para el nuevo año fiscal, respondió con firmeza cuando el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart le preguntó sobre el enfoque de la administración Trump hacia América Latina. Su respuesta fue tajante: “Lo que está pasando en Cuba no se puede dejar pasar. No solo es un asunto de democracia; estamos hablando de un foco de inestabilidad tremendo”.
Según el alto funcionario, la política exterior de EE.UU. para la región se organiza en tres grupos. Por un lado están los aliados democráticos, esos países con elecciones limpias y relaciones amistosas con Washington, que —según él— deberían recibir beneficios por su cercanía. Luego vienen las democracias «medio frías», que no son enemigas, pero tampoco andan en buenos términos, y con las que se debe tener una postura más cuidadosa. Y por último, las autocracias duras, como Nicaragua, Venezuela y Cuba, a las que describió como “una amenaza directa para la estabilidad y los derechos humanos en la región”.
Rubio fue más allá al señalar que el éxodo masivo de cubanos en los últimos meses es un síntoma clarísimo de la gravedad del problema. “Más del 11% de la población ha salido del país en apenas año y medio. Eso no es normal. Estamos viendo una de las migraciones más grandes de la historia moderna, y Cuba está metida hasta el cuello en ese fenómeno junto a Venezuela”, aseguró.
El funcionario también encendió las alarmas sobre el régimen de Maduro, al que acusó de permitir operaciones de grupos narcoterroristas en su territorio, lo que —a su juicio— pone en jaque la estabilidad de Colombia y otros países del vecindario. En esa línea, ató la crisis cubana a una especie de red de desestabilización regional, que según él exige una respuesta firme y coordinada por parte de EE.UU.
Estas declaraciones no llegaron solas. Coincidieron con un anuncio del Departamento de Estado sobre nuevas sanciones a cuatro funcionarios del régimen cubano, implicados en la detención arbitraria del activista Luis Robles Elizástigui, quien fue liberado en enero de 2025 tras pasar años preso por manifestarse pacíficamente con un cartel en pleno boulevard de La Habana.
En su cuenta oficial de X, la Cancillería de EE.UU. dejó claro el mensaje: “Los violadores de derechos humanos en Cuba están en la mira. Hoy sancionamos a tres jueces y una fiscal por su participación en el encarcelamiento injusto de Luis Robles. A partir de ahora, no podrán entrar a nuestro país”.
Un funcionario del Departamento de Estado, citado por Martí Noticias, recalcó que estas acciones reflejan el compromiso de la administración Trump con la rendición de cuentas: “No vamos a hacer la vista gorda ante la represión en Cuba. Esta es una señal clara de que habrá consecuencias”.
