En pleno corazón de la Isla de la Juventud, dos pastores evangélicos están enfrentando una tormenta legal por algo que, para muchos, tiene más de fe y amor que de crimen. Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas están en el ojo del huracán tras haber alzado la voz en defensa de su hijo Kevin Lay Laureido Rojas, un joven acusado de evadir el Servicio Militar Obligatorio, a pesar de tener serias condiciones de salud.
La Fiscalía está pidiendo nada menos que ocho años de prisión para ambos padres, por haber intervenido durante el juicio de su hijo. El proceso contra ellos está pautado para el 9 de junio. Mientras tanto, Luis Guillermo permanece tras las rejas, incomunicado y en una celda, y su esposa Roxana, aunque fue liberada luego de una crisis cardíaca, no salió ilesa del todo: denunció haber sido hostigada por un agente disfrazado de enfermero mientras estaba hospitalizada. Así mismo lo reportó Solidaridad Cristiana Mundial, que está dando seguimiento al caso.
Todo comenzó el día en que Kevin tuvo que pararse frente a un tribunal militar, a pesar de que una comisión médica había confirmado que no estaba en condiciones físicas ni mentales para cumplir con el servicio militar. El muchacho, que no recibía los medicamentos necesarios dentro de la unidad, decidió huir. Por eso ahora lo quieren condenar a cuatro años de cárcel.
Durante la audiencia, sus padres presentaron toda la documentación médica en regla. Pero cuando la Fiscalía se negó a aceptarla, ellos no se quedaron callados. Denunciaron que lo que estaba ocurriendo allí era una injusticia “ante los hombres y ante Dios”. Esa frase encendió la chispa. El fiscal ordenó detenerlos en el acto por “desacato y desobediencia”.
El caso ha sido señalado públicamente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Alianza de Cristianos de Cuba, quienes lo calificaron como una amenaza directa a la libertad religiosa y de expresión en la isla. También las Asambleas de Dios, denominación cristiana a la que pertenecen los pastores, alzaron su preocupación y pidieron que todo se aclare como un malentendido.
Pero la realidad en Cuba va más allá de este caso. Aunque el gobierno insiste en que se respeta la libertad religiosa, solo en 2024 se han registrado más de 990 violaciones a ese derecho. El control excesivo de la Oficina de Asuntos Religiosos y la presión constante sobre iglesias que no se alinean al discurso oficial reflejan una política de represión disfrazada de orden institucional.
