El juicio contra Alejandro Gil a puertas cerradas confirma lo que todos los cubanos ya sabían: en Cuba, la justicia no es pública ni independiente. El Tribunal Supremo Popular decidió que el proceso por presunto espionaje contra el exministro de Economía se celebrará en secreto, una medida que no sorprende a nadie que conozca cómo funciona el sistema judicial del régimen.
Lo que sí genera preocupación, dentro y fuera del país, es a quién se protege realmente con tanto hermetismo: ¿a la “seguridad nacional” o al propio aparato de poder que Gil integró durante años?
El diario Granma, como de costumbre, intentó justificar el silencio oficial entrevistando al doctor Arnel Medina Cuenca, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Pero sus declaraciones no aclaran nada. Solo confirman que en Cuba la ley se acomoda al silencio y al control político.
Una “facultad judicial” sin independencia
Según Granma, el juicio se hará a puertas cerradas porque “esa decisión le corresponde al Tribunal”, amparándose en el artículo 477 de la Ley 143. Esa norma permite restringir la publicidad de los juicios por “razones de seguridad nacional o moralidad”.
Pero en la práctica, esa excepción se volvió la regla. Medina lo admitió sin rodeos: “En delitos como el espionaje, esta restricción es casi una norma”.
En un país sin prensa libre ni tribunales independientes, ese argumento solo sirve para reforzar el poder del Estado y esconder la verdad. Lo que debería ser una medida extraordinaria, se convierte en la vía más fácil para tapar escándalos y proteger a los de arriba.
Seguridad nacional o protección del aparato
El caso de Alejandro Gil no es cualquier caso. Fue el rostro visible del desastre económico de los últimos años, el hombre que defendió la Tarea Ordenamiento mientras el pueblo pasaba hambre, sufría apagones y veía cómo el peso cubano se hundía.
Su caída deja en evidencia una fractura dentro del régimen, y ese es el verdadero motivo del secretismo. No se trata solo de un juicio: es un ajuste de cuentas político dentro de la cúpula.
¿De qué se le acusa exactamente? ¿Qué información manejaba? ¿A quién se la entregó? Nadie lo sabe, y probablemente nadie lo sabrá mientras el proceso siga cubierto por el silencio oficial.
Un delito diseñado para castigar disidentes
El delito de espionaje en Cuba es una herramienta de control político. El propio Medina explicó que el Código Penal castiga con hasta pena de muerte a quien colabore con servicios extranjeros, pero la ley es tan amplia que cualquier contacto con el exterior puede considerarse “espionaje” si el régimen lo decide.
Incluso algo tan simple como comunicarse con una ONG o una institución extranjera puede volverse motivo de condena. No se trata de proteger la seguridad del país, sino de proteger el poder del Partido.
Presunción de inocencia… solo en el papel
Medina aseguró que Gil “se presume inocente hasta que haya una sentencia firme”. Pero en la práctica, ya fue borrado del mapa. Su imagen desapareció de los medios, nadie lo ha escuchado hablar y el juicio cerrado elimina cualquier posibilidad de defensa pública.
La “presunción de inocencia” en Cuba solo existe en el discurso oficial, dentro de un sistema donde los mismos que acusan son los que juzgan y condenan.
El caso de Alejandro Gil demuestra una vez más que el régimen no busca justicia, sino control. Y cuando el poder se siente amenazado, el silencio se convierte en su mejor aliado.
