La vieja historia del régimen cubano viviendo del crédito ajeno volvió a explotar, esta vez con Brasil en el centro del problema. La dictadura acumula una deuda impaga de 676 millones de dólares con el gobierno brasileño, y lo más grave es que ya ni siquiera existe una fecha clara para comenzar a resolver el desastre financiero.
Según reportó CNN Brasil, el Ministerio de Hacienda brasileño confirmó que no hay previsión de regularización de los pagos, dejando al descubierto otra muestra del colapso económico que arrastra La Habana desde hace años. Y claro, el tema volvió a calentarse después de que Brasil aprobara la Ley 15.359/2026, una normativa que reactiva financiamientos del BNDES para exportaciones de ingeniería, pero con una condición clarita: nada de negocios nuevos con países morosos.
Traducido al cubano de a pie: el régimen quedó quemado financieramente.
El origen del problema viene del famoso Puerto de Mariel, vendido durante años como “la gran joya económica” de la dictadura. La obra fue levantada por la constructora Odebrecht junto con GAESA, el conglomerado militar controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, durante los tiempos dorados de la alianza entre La Habana y el gobierno de Lula da Silva.
Entre 2009 y 2013 se firmaron contratos por más de 641 millones de dólares, aunque el costo total terminó moviéndose entre los 682 y 800 millones. Como casi siempre pasa con los negocios oscuros del castrismo, las cuentas nunca quedaron demasiado claras.
Y aquí viene la parte que dejó a muchos brasileños echando humo. El préstamo fue respaldado con una garantía considerada después como extremadamente débil: los ingresos de la industria tabacalera cubana. Sí, literalmente los tabacos cubanos sirvieron de aval para una operación multimillonaria.
El Tribunal de Cuentas de Brasil calificó esa garantía como “frágil” y además descubrió irregularidades serias en los contratos. Entre ellas, descuentos exagerados en intereses por más de 68 millones de dólares y plazos extendidos a 25 años cuando legalmente debían ser mucho menores. O sea, el régimen recibió condiciones privilegiadas mientras el contribuyente brasileño asumía el riesgo.
La bomba terminó explotando en 2018. Cuba comenzó a incumplir pagos en mayo de ese año y pocos meses después ya acumulaba millones en cuotas vencidas. Aunque La Habana prometió ponerse al día, la realidad fue otra: parte de la deuda cayó oficialmente en default antes de terminar el año.
Desde entonces, quien terminó pagando el golpe fue el pueblo brasileño. El BNDES activó el Fondo de Garantía a la Exportación y las pérdidas pasaron directamente al bolsillo de los contribuyentes.
Lo curioso es que en 2023 Lula todavía mantenía un discurso optimista. El mandatario brasileño aseguró públicamente que esos países “amigos de Brasil” terminarían pagando sus compromisos. Pero tres años después, su propio Ministerio de Hacienda prácticamente le apagó la luz a esa esperanza: no existe mecanismo concreto ni calendario para recuperar el dinero.
Mientras tanto, los intereses siguen creciendo como bola de nieve.
El economista Tony Volpon fue directo al pecho y resumió lo que muchos piensan en Brasil: hacer obras gigantescas en países sin capacidad real de pago termina convirtiéndose en un mal negocio para el propio contribuyente.
Y la verdad es que la situación económica cubana hoy parece sacada de una película de desastre. La isla ha perdido alrededor del 15% de su PIB en apenas cinco años, arrastra un déficit fiscal gigantesco y su deuda externa ya ronda los 28,700 millones de dólares.
Con ese panorama, pensar que el régimen podrá devolver semejante cantidad suena más a fantasía política que a realidad económica.
La contradicción también llama la atención. Mientras Brasil reconoce que no logra recuperar los millones prestados, el gobierno de Lula continúa enviando ayuda humanitaria a Cuba y defendiendo diplomáticamente al régimen en organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU.
Y Cuba no es el único dolor de cabeza. Venezuela también mantiene una deuda superior a los 1,200 millones de dólares con Brasil por proyectos financiados durante la era chavista. Sumando ambas dictaduras, el agujero supera ya los 1,800 millones de dólares sin perspectivas reales de recuperación.