El régimen cubano dio otro paso en su ofensiva contra el sector privado. Este miércoles, publicó en la Gaceta Oficial la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios, una norma que obliga a cuentapropistas, MIPYMES y cooperativas a actuar como vigilantes financieros del Estado.
Bajo el discurso de combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, la medida convierte a quienes llevan la contabilidad en “sujetos obligados”. En la práctica, esto significa que deben reportar cualquier operación que les parezca sospechosa, incluso sin pruebas claras, y hacerlo en silencio, sin informar al cliente.
Aquí es donde la cosa se pone seria. El llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) obliga a estos actores a delatar posibles irregularidades bajo estricta confidencialidad. Es decir, el cliente ni se entera… pero ya está bajo la lupa. Un mecanismo que abre la puerta a abusos y presiones en un sistema donde la transparencia brilla por su ausencia.
Además, la norma exige revisar listas internacionales y registros nacionales vinculados al terrorismo antes de prestar servicios, guardar información durante años y colaborar obligatoriamente con las autoridades cuando se lo pidan. Todo esto bajo la supervisión directa de entidades como la ONAT y el propio Ministerio, que ahora tienen más poder para inspeccionar, sancionar y escalar casos incluso a instancias penales.
Este movimiento no llega solo. Forma parte de una cadena de medidas que han ido cerrando el espacio al sector privado. Desde la eliminación de licencias mayoristas hasta multas que asfixian, pasando por nuevas obligaciones como la facturación electrónica y restricciones en el uso de divisas. El mensaje es claro: el control va en aumento.
El gobierno intenta justificarlo como parte de su lucha contra la corrupción y como cumplimiento de compromisos internacionales con GAFILAT. Pero la realidad que se vive en la calle es otra. En medio de una crisis económica brutal, con escasez y apagones constantes, ahora los emprendedores tienen que cargar también con funciones que antes eran exclusivas del aparato estatal.
Lo más preocupante es el impacto directo. Más burocracia, más riesgos legales y más miedo a equivocarse, en un contexto donde cualquier error puede costar una multa, el cierre del negocio o algo peor.
Hoy, el sector privado en Cuba, que sostiene una parte importante del empleo y de los ingresos fiscales, queda aún más atado. Ya no solo produce… ahora también vigila. Y en un sistema así, la línea entre trabajar y sobrevivir se vuelve cada vez más fina.