Este lunes tuvo lugar una protesta en Necoclí, Colombia, de decenas de migrantes (entre ellos, cubanos) varados desde hace casi un mes en una playa. La revuelta impidió que las embarcaciones provenientes de municipios colombianos en la frontera con Panamá lograran atracar en el muelle.
Con la tiendas de campaña obstaculizando la entrada al muelle, los migrantes pretendían no permitir que ninguna embarcación ingresara o partiera del lugar hasta que las autoridades colombianas les permitieran llegar Capurganá, localidad fronteriza con Panamá, para continuar así su travesía hacia Estados Unidos.
En la región de Necoclí se encuentran unos 1.800 emigrantes de diferentes nacionalidades. La mayoría de ellos son haitianos, pero también se hallan 700 cubanos; 17 de ellos son infantes, 25 son mujeres embarazadas y cuentan, además, con varios enfermos.
Carlos Alberto Guevara viaja con su esposa y su hijo pequeño y ya llevan 2 meses en esa costa colombiana. La crisis económica que provocó la pandemia del coronavirus hizo que perdieran sus trabajos en Uruguay, país donde primeramente se habían asentado.
Asegura que en su viaje los han maltratado, robado, y los peajes exigidos por los cuerpos policiales de Perú y Ecuador para continuar el camino eran de 50 dólares. Solo cuentan con lo que pudieron recaudar en el apuro de vender todas sus pertenencias para partir hacia la nación norteamericana. Mientras Guevara se resigna y añade convencido que seguirán adelante, su hijo le repete que tiene hambre.
El cubano asegura que ninguno de sus compatriotas isleños han participado en la protesta porque comprenden que el problema solía radicar en que Panamá tenía la frontera cerrada.
No obstante, con la apertura fronteriza, Colombia necesita plantear una estrategia para garantizar el salvoconducto de los más de 1.800 migrantes varados.
El Decreto 61 del 8 de enero de 2021 del Ministerio de Salud de Panamá dicta que por las fronteras terrestres solo está permitido el traslado de nacionales y extranjeros que se encuentren en su territorio.
La alcaldesa de Necoclí, Grebis Yuliet Beltrán Padilla, alega que se están dando conversaciones con las autoridades del municipio de Acandí y demás encargados para solucionar con rapidez la situación de esta población migrante.
Colombia cerró fronteras ante la pandemia en marzo del pasado año, igual que Panamá. Aún así, el flujo migratorio por la selva del Darién no ha podido frenarse.
Otros, como es el caso de cuatro cubanos rescatados el 14 de agosto de 2020, se aventado a cruzar el golfo de Urabá en embarcaciones improvisadas, mientras que algunos confían en los traficantes de personas llamados “coyotes”.
Por su parte, el grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia prohibió, bajo amenaza de muerte, la salida clandestina de coyotes desde Turbo y Necoclí, desde que ocurrió una naufragio el pasado 4 de enero.
La crisis migratoria que se vive a día de hoy no han tenido más limitaciones impuestas que la de estos grupos paramilitares, a quien se les hace más caso que a las fuerzas policiales, sin la presencia de la Defensoría del Pueblo en Apartadó, dependencia que ha jugado un papel imprescindible en la defensa de los derechos de los migrantes irregulares.
