El Tribunal Provincial Popular de Holguín anunció con bombos y platillos la celebración de un “juicio ejemplarizante” por tráfico de drogas, dentro de la llamada “Operación contra las Drogas” que el régimen mantiene activa entre el 15 y el 21 de septiembre.
La publicación apareció en la página oficial del tribunal en Facebook y, como es costumbre en Cuba, estuvo cargada de frases rimbombantes pero vacías de contenido. No se revelaron detalles de la condena, aunque se aseguró que el proceso respetó “todas las garantías jurídicas y procesales”. Según la nota, el objetivo del juicio era mandar un “mensaje preventivo” a la sociedad y, más grave aún, también a personas con “potencial delictivo”.
Ese último concepto es un retrato fiel del llamado derecho penal de autor, una práctica que en la isla lleva décadas sirviendo como justificación para meter a cualquiera en la cárcel, no por lo que hizo, sino por lo que “podría” hacer. En cualquier democracia seria, los juicios ejemplarizantes solo tendrían sentido si cumplen estrictamente la ley y respetan derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa. En Cuba, en cambio, se convierten en un espectáculo propagandístico para mantener a la gente bajo control y sembrar miedo.
Mientras el régimen presenta estas audiencias como “profilácticas y preventivas”, la realidad es que la justicia cubana no busca proteger a la ciudadanía, sino advertirle que quien se salga de la línea paga caro. Lo que llaman “ejemplarizante” no es otra cosa que un escarmiento público, donde el tribunal funciona más como tribuna política que como órgano judicial.
El trasfondo es claro: el gobierno reconoce ahora, a regañadientes, la existencia de un grave problema de narcotráfico interno, después de años de mirar hacia otro lado. Y en vez de atacar las causas reales —la corrupción, el mercado negro alimentado por la miseria, el colapso económico—, prefiere usar a personas vulnerables como chivos expiatorios para mostrar “mano dura”.
En definitiva, los juicios ejemplarizantes en Cuba no son justicia, son teatro político. No buscan legalidad ni transparencia, sino intimidar a la población con la idea de que cualquiera puede ser el próximo en caer si el régimen lo considera oportuno. Un sistema que se aferra a este tipo de montajes no está impartiendo justicia: está reforzando su dictadura.
