Una nueva medida legislativa ha encendido las alarmas entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos. En el estado de Iowa, se ha aprobado recientemente una ley que plantea importantes desafíos y preocupaciones para los extranjeros que residen en el país. A continuación, te contamos los detalles de esta controvertida legislación.
La gobernadora Kim Reynolds ha dado luz verde a una propuesta que se suma a la creciente ola de medidas antiinmigrantes en el país. Esta decisión se produce en un contexto donde otros estados, como Texas, también han intensificado sus políticas restrictivas hacia los inmigrantes. Mientras tanto, la Corte Suprema está evaluando la ley SB4 de Texas, presentada por el gobernador Greg Abbott.
La nueva ley en Iowa establece que las personas de origen extranjero pueden ser consideradas en situación irregular si ingresan al estado. Aquellos ciudadanos de otros países que sean detenidos en Iowa y tengan prohibida su entrada a Estados Unidos podrían enfrentar severas consecuencias, incluida la deportación.
En caso de detención, los inmigrantes deberán enfrentar dos opciones. La primera implicaría acatar la orden de un juez para abandonar el país, mientras que la segunda conllevaría enfrentar un tiempo en prisión según lo establecido por un tribunal.
El Departamento de Justicia puede intervenir en este proceso. Los jueces tienen la responsabilidad de organizar el transporte de los ciudadanos extranjeros para su expulsión del país, y el estado cubrirá los gastos relacionados con vehículos y el seguimiento de los casos a través de sus fuerzas policiales.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas disposiciones podrían ser impugnadas. Las deportaciones son competencia del gobierno federal, y el Departamento de Justicia estadounidense ya ha presentado recursos legales contra leyes similares, como en el caso de la legislación en Texas. Es posible que la iniciativa de Iowa también enfrente desafíos legales en el futuro.
La orden estatal, anunciada por la gobernadora Reynolds, está programada para entrar en vigor el primer día del mes de julio de este año. En medio de la incertidumbre y la preocupación, la comunidad inmigrante en Iowa y en todo Estados Unidos permanece atenta a las posibles implicaciones de esta controvertida medida legislativa.
