En Cuba, el Gobierno ha implementado regulaciones migratorias restrictivas que impiden a aproximadamente 200 personas de Sancti Spíritus salir del país debido a acusaciones de declarar ingresos inferiores a los reales y no regularizar su situación después de ser requeridos por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). El diario Escambray informó que el año pasado, unos 500 contribuyentes fueron añadidos a una lista negra por este motivo, resultando en una evasión fiscal estimada en 40 millones de pesos.
Los individuos que no cumplen con el pago tras la notificación de la ONAT son acusados de evasión fiscal. Este año, se han iniciado 14 procesos legales que involucran 10.2 millones de pesos en total, según el periódico. Los expedientes de estas personas son enviados al Grupo de Análisis del Ministerio del Interior para investigación y posible acción penal.
Si no se resuelve el pago tras la notificación, se aplica una regulación migratoria que restringe la salida del país hasta que se salde la deuda, cuyo cálculo no ha sido detallado por la ONAT. Además, se pueden retirar las licencias comerciales de forma temporal o definitiva y cerrar establecimientos por reincidencia.
Marisleidy Perdigón Pérez, subdirectora de la ONAT en Sancti Spíritus, sostiene que el objetivo no es penalizar, sino asegurar el pago disciplinado de impuestos. La región cuenta con 370 pequeñas y medianas empresas registradas.
En Las Tunas, la ONAT ha iniciado una operación de verificación fiscal a todas las Mipymes que reportaron pérdidas en 2023. De las 109 Mipymes en la provincia, 11 reportaron pérdidas y otras 10 se declararon no operativas. La campaña de declaración de ingresos muestra retrasos significativos, con solo el 36.7% de los contribuyentes al día con sus obligaciones fiscales.
Este enfoque de control no se limita a Las Tunas y Sancti Spíritus, ya que el 15 de abril se llevó a cabo un operativo en Jagüey Grande, involucrando a dos establecimientos, lo que generó alerta y decomiso de mercancías.
El escrutinio sobre las Mipymes también ha sido una fuente de controversia internacional, especialmente después de que el Gobierno de Estados Unidos prohibiera la asignación de fondos federales a Mipymes vinculadas a la dictadura cubana, como parte de la Ley de Asignaciones Estatales y de Operaciones Extranjeras para el Año Fiscal 2024.
Esta situación refleja las tensiones entre los pequeños y medianos empresarios y el régimen, donde se reporta que algunos negocios pertenecen a familiares de altos funcionarios, incluyendo a la hija de Mariela Castro, quien es propietaria de una Mipyme dedicada a la venta de alimentos en La Habana.
